La búsqueda desesperada de familiares marcó la madrugada paceña después de los operativos policiales que terminaron con decenas de ciudadanos detenidos tras las protestas y enfrentamientos registrados este lunes.
La jornada de movilizaciones y enfrentamientos del lunes 18 de mayo en la ciudad de La Paz terminó con al menos 95 personas aprehendidas, una cifra que activó denuncias de vulneración de derechos y provocó una fuerte preocupación entre familiares de los arrestados, muchos de los cuales permanecían hasta altas horas de la noche sin información clara sobre su situación legal.
El dato preliminar fue confirmado por el abogado de derechos humanos Kurmi Rocha, quien acudió a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para verificar la cantidad de detenidos trasladados luego de los operativos ejecutados durante y después de las protestas.
“Es lo que nos indica el capitán de guardia”, manifestó Rocha ante medios de comunicación, explicando que la cifra inicial alcanzaba a 95 personas entre hombres, mujeres y adultos mayores. El jurista remarcó que la cantidad podía aumentar debido a que los operativos continuaban en distintos sectores de la sede de gobierno.
Junto al abogado, la representante de derechos humanos Eliana Rojas señaló que varias familias denunciaron detenciones arbitrarias y aseguraron que algunas personas fueron capturadas mientras transitaban cerca de las movilizaciones o intentaban abandonar las zonas de conflicto.
Las protestas fueron impulsadas por organizaciones sociales, obreras y campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La tensión acumulada durante las últimas semanas derivó en choques violentos entre manifestantes y efectivos policiales, dejando daños materiales, vehículos incendiados y personas heridas.
Sin embargo, tras los disturbios, la atención se trasladó a dependencias policiales, donde decenas de familiares aguardaban listas oficiales para confirmar si sus seres queridos estaban entre los arrestados. Algunos denunciaron que pasaron varias horas recorriendo oficinas sin recibir respuestas claras sobre el paradero de los detenidos.
Los defensores de derechos humanos cuestionaron además la gravedad de las acusaciones anunciadas contra varios manifestantes. Según la información preliminar, los arrestados podrían enfrentar procesos por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, delitos que abogados consideran desproporcionados mientras todavía no existe una evaluación individual sobre cada caso.
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se informó que se realizará un seguimiento legal para verificar posibles irregularidades durante las aprehensiones y garantizar que los detenidos puedan acceder a defensa jurídica. También se reportó preocupación por la situación de adultos mayores y mujeres que fueron trasladados a celdas policiales tras los enfrentamientos.
DENUNCIAN REPRESIÓN POLICIAL TRAS ARRESTO DE 95 MANIFESTANTES
