Mineros, obreros y vecinos alteños protagonizaron una jornada de protestas y enfrentamientos en el centro paceño, denunciando crisis económica, represión policial y abandono del Gobierno nacional.
La sede de gobierno volvió a convertirse este lunes en el epicentro del descontento social. Miles de mineros, trabajadores y ciudadanos llegados desde la ciudad de El Alto colapsaron las principales calles de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una creciente molestia popular por la situación económica y la falta de respuestas estatales.
La movilización comenzó durante la mañana con largas columnas descendiendo desde distintos puntos de la ciudad. Los manifestantes avanzaron con dinamitas, banderas y pancartas denunciando hambre, desempleo y el deterioro de las condiciones de vida. El reclamo se hizo más fuerte a medida que las marchas llegaban al centro paceño, donde la Policía desplegó contingentes antimotines para impedir el avance hacia instituciones públicas.
Los primeros enfrentamientos se registraron en la calle Bolívar y sectores cercanos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Testigos relataron que los efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos de manera constante para dispersar a los movilizados, generando escenas de caos entre comerciantes, vecinos y transeúntes que quedaron atrapados en medio del conflicto.
En respuesta a la intervención policial, grupos de manifestantes reaccionaron con piedras y objetos contundentes. Cerca de la FELCC, una patrulla policial fue incendiada mientras densas columnas de humo cubrían parte de la zona. Videos grabados por habitantes del lugar mostraron vidrios destrozados, personas corriendo y calles completamente tomadas por la protesta.
Las oficinas del Tribunal Departamental de Justicia también resultaron afectadas. Puertas destruidas, muebles dañados y documentación dispersa quedaron como saldo de los disturbios registrados en la calle Potosí. Desde el Ministerio de Gobierno se denunció el ingreso forzado a dependencias estatales y se acusó a los movilizados de provocar daños a la institucionalidad pública.
Sin embargo, entre los sectores que participaron de la protesta predominó otro discurso. Muchos señalaron que la movilización es consecuencia del cansancio acumulado frente a la crisis económica y a la falta de soluciones concretas del Ejecutivo. “La gente ya no soporta más promesas. Por eso salió a las calles”, afirmaron varios manifestantes mientras continuaban las marchas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
El conflicto también alcanzó al sistema de transporte por cable. Las estaciones Naranja y Azul de Mi Teleférico registraron daños durante la jornada, obligando a la suspensión temporal de algunas líneas por razones de seguridad. Cientos de pasajeros tuvieron que caminar largas distancias para regresar a sus hogares en medio de la tensión y el cierre de vías.
Pasadas las 15:30, la Policía retomó parcialmente el control en algunos sectores del centro paceño y logró sofocar el incendio del vehículo policial afectado. Aun así, grupos de mineros y vecinos alteños permanecieron en vigilia, anunciando nuevas medidas de presión y advirtiendo que las protestas continuarán mientras el Gobierno no atienda las demandas populares.
Al finalizar la tarde, La Paz quedó marcada por restos de gasificación, piedras, vidrios rotos y comercios afectados. La protesta dejó en evidencia un clima social cada vez más deteriorado y una distancia creciente entre el Gobierno y los sectores populares movilizados.