La Defensoría del Pueblo alertó que el cierre del Ministerio de Justicia deja sin dirección estatal a instancias esenciales para garantizar derechos humanos y políticas públicas dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo volvió a manifestar inquietud frente a los efectos inmediatos que deja la clausura del Ministerio de Justicia, advirtiendo que la decisión del Ejecutivo genera un vacío institucional que podría afectar de forma directa a miles de personas que dependen de servicios especializados. La institución recordó que bajo la estructura de esa cartera se encontraban unidades clave para la formulación de políticas públicas, la coordinación entre entidades del Estado y la prestación de servicios fundamentales orientados al resguardo de derechos humanos.
En su pronunciamiento, la entidad enfatizó que el Ministerio de Justicia no solo actuaba como órgano normativo, sino también como articulador de políticas dirigidas a grupos con mayor riesgo de vulneración: niñez y adolescencia, personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, jóvenes y víctimas de violencia basada en género o edad. Su desaparición, alertó la Defensoría, deja sin una entidad rectora a sectores que requieren atención sistemática y acompañamiento continuo.
La institución recalcó además que varias reparticiones dependientes del Ministerio cumplían funciones altamente especializadas, cuya interrupción podría generar retrasos críticos en la asistencia legal, psicológica y social que reciben personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas mencionó al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y al Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu). Estos servicios, señaló, son esenciales para garantizar acceso gratuito a defensa técnica y acompañamiento integral para quienes no cuentan con recursos económicos.
La Defensoría también expresó inquietud por el futuro de los consejos y secretarías técnicas que dependían directamente de esa estructura ministerial y que cumplían un rol decisivo en la elaboración de políticas sectoriales. Entre ellos mencionó el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna y el Consejo Intersectorial para temas de niñez y adolescencia. La ausencia de un ente rector podría—según la entidad—debilitar la capacidad del Estado para responder de manera coordinada a problemáticas complejas que requieren acciones simultáneas de varias instituciones.
El comunicado remarcó que estos espacios de coordinación interinstitucional posibilitaban un trabajo “articulado y multiactor”, indispensable para cumplir los compromisos internacionales que el Estado boliviano asumió en materia de derechos humanos. Su discontinuidad, advirtió, podría afectar la ejecución de programas y la evaluación de políticas vinculadas al desarrollo integral de las personas.