TSE mantiene la inhabilitación pese a descargos y cuestionamientos jurídicos por deudas presuntamente extinguidas.
Jaime Dunn, aspirante presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), ha sido nuevamente excluido del proceso electoral por decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que este martes 8 de julio ratificó su inhabilitación, al considerar que mantiene cuentas pendientes con el Estado boliviano.
El conflicto gira en torno a una serie de procesos coactivos fiscales abiertos hace más de dos décadas, cuando Dunn ocupaba el cargo de oficial mayor en la Alcaldía de El Alto, entre 2001 y 2002. A pesar de que el postulante presentó una certificación oficial de la Contraloría General del Estado que confirma su solvencia fiscal, el TSE decidió alinearse con el criterio de la Alcaldía alteña, la cual insiste en que aún existen obligaciones económicas no cumplidas.
El equipo jurídico de Dunn también adjuntó una resolución judicial previa que declaró extinguida la deuda cuestionada. No obstante, la municipalidad impugnó ese fallo, alegando que los pagos no fueron acreditados en su totalidad. Esta apelación fue determinante en el análisis final del Órgano Electoral, que optó por mantener la inhabilitación del candidato.
Desde NGP, la resolución ha sido calificada como una arbitrariedad legal con motivaciones políticas. Voceros de la organización cuestionan que el TSE haya dado mayor peso a la interpretación de una alcaldía municipal que a un fallo judicial emitido por una instancia competente y a la documentación oficial de la Contraloría. “Dunn ha demostrado documentalmente que no tiene deudas pendientes. Lo que hay aquí es una persecución institucional encubierta”, expresó uno de los portavoces.
Analistas consultados advierten que este tipo de decisiones generan un precedente delicado. Por un lado, se defiende la necesidad de filtrar con rigurosidad los antecedentes de los aspirantes a cargos públicos; por otro, se cuestiona la legalidad de dejar sin efecto una sentencia judicial mediante una resolución administrativa.
La exclusión de Dunn se suma a una creciente lista de candidaturas bloqueadas en las últimas gestiones electorales por razones de orden fiscal, técnico o judicial. Esto ha alimentado el escepticismo sobre la imparcialidad del órgano electoral y ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre los requisitos administrativos y el derecho político de participación.
El mismo Dunn anunció que no se quedará de brazos cruzados. Aseguró que acudirá a todas las instancias que correspondan, nacionales e internacionales, para impugnar lo que considera un acto de exclusión ilegal. Mientras tanto, su agrupación NGP analiza si presentará otro candidato o se retirará de la contienda.