El expresidente asegura haber eliminado la deuda externa, pero documentos oficiales muestran que su narrativa es parcial, condicionada y deja al país con obligaciones significativas aún vigentes.
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Cada campaña electoral revive un mensaje que Jorge “Tuto” Quiroga ha repetido incansablemente: Bolivia pagó toda su deuda externa durante su presidencia (2001–2002) y lo restante fue condonado. Para un votante poco informado, su relato transmite eficiencia y responsabilidad. No obstante, los registros oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), junto con los informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), presentan un panorama mucho más complejo y, sobre todo, diferente a lo que proclama Quiroga.
Cuando Quiroga asumió la presidencia, tras la salida de Hugo Banzer, la deuda externa pública de Bolivia ascendía a aproximadamente 5.000 millones de dólares, según los datos del Estado Mensual de la Deuda Pública Externa del BCB. Durante su gestión, se realizaron pagos al servicio de la deuda —es decir, intereses y parte del capital— por un monto cercano a 400–500 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar su mandato en agosto de 2002, la deuda todavía se situaba alrededor de 4.500 millones de dólares, lo que evidencia que la eliminación total de la deuda nunca ocurrió.
LA CONDONACIÓN PARCIAL: HIPC II
La disminución parcial se produjo gracias a la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC II), coordinada por el Banco Mundial y el FMI. Según el informe Bolivia – Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), publicado por el Banco Mundial en 2001, Bolivia accedió a una condonación de aproximadamente 1.300 millones de dólares en valor presente neto. El documento detalla: “El alivio de deuda HIPC se concede solo a los países que cumplen con estrictos criterios de desempeño macroeconómico y social” (World Bank, 2001).
No se trató de una acción unilateral del gobierno boliviano, sino de un proceso condicionado por instituciones financieras internacionales. Bolivia solo obtuvo beneficios bajo un estricto cumplimiento de reglas que limitaban la libertad del Estado para tomar decisiones económicas.
LAS EXIGENCIAS PARA RECIBIR LA CONDONACIÓN
El acceso al HIPC II implicó aceptar compromisos que influían directamente en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos:
- Disciplina macroeconómica: Bolivia debía mantener la inflación controlada, déficit fiscal limitado y reservas suficientes, conforme al Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) del FMI. El IMF Country Report No. 06/273 aclara: “El cumplimiento de las metas macroeconómicas fue condición indispensable para el alivio de deuda HIPC II”.
- Pago puntual de la deuda: aunque parte de la deuda fue condonada, los pagos de los montos restantes debían mantenerse al día, bajo riesgo de perder la condonación.
- Reformas estructurales: el Banco Mundial exigía continuar con las privatizaciones, liberalizar el sistema financiero y ampliar la base tributaria. UDAPE, en su análisis La deuda externa de Bolivia 1970–2003, enfatiza: “El HIPC II consolidó políticas de ajuste estructural que limitaban la discrecionalidad del gobierno en la gestión económica”.
- Uso restringido de los recursos liberados: los fondos liberados por la condonación se debían emplear en programas focalizados de salud y educación, dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) supervisada por organismos multilaterales.
- Monitoreo constante: cada desembolso y reducción de deuda estaba sujeto a auditorías y revisiones periódicas de acreedores internacionales, lo que limitaba la autonomía estatal.
LA DEUDA AL FINALIZAR EL MANDATO
El alivio total de HIPC I y II ascendía a 1.400 millones de dólares, según el estudio de UDAPE, pero la deuda pendiente continuaba siendo considerable: 4.500 millones de dólares, como corroboran el Banco Central de Bolivia y la CEPAL. La evidencia demuestra que el gobierno de Quiroga no liberó al país de sus obligaciones financieras; simplemente gestionó un tramo del HIPC II bajo supervisión externa.
El mito que repite Quiroga es, por lo tanto, una ficción política. La realidad muestra que la condonación fue parcial, condicionada y limitada, mientras Bolivia continuaba con una deuda significativa.
Los ciudadanos deben tener claro que la narrativa de “deuda liquidada y condonada” no se sostiene frente a la documentación oficial. La condonación parcial dependió de estrictas condiciones macroeconómicas, pagos puntuales, reformas estructurales y supervisión internacional. La deuda persistía, y la soberanía económica del país quedaba condicionada a decisiones externas.
Como señala el Banco Mundial (2001): “El HIPC es un alivio temporal, sujeto a condiciones y supervisión; no implica cancelación total”. Y el IMF (2006) reafirma: “Bolivia debía mantener el cumplimiento de metas macroeconómicas y programas sociales específicos para retener los beneficios del HIPC II”.
El discurso de Tuto Quiroga no refleja la verdad histórica: la deuda externa no desapareció, la condonación fue parcial y condicionada, y el país continuaba enfrentando un desafío financiero considerable.
Los documentos del BCB, Banco Mundial y FMI son claros y permiten desmontar la narrativa electoral, recordando a los ciudadanos que la historia económica requiere rigor y evidencia, no slogans políticos.