El gobierno venezolano rescató a 252 ciudadanos retenidos en El Salvador mediante un acuerdo con Estados Unidos que incluyó la entrega de ciudadanos norteamericanos procesados por delitos graves.
Una operación diplomática y judicial sin precedentes fue anunciada este jueves por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: 252 ciudadanos venezolanos que se encontraban retenidos en condiciones extremas dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, han sido liberados tras un proceso de negociación internacional que involucró a Estados Unidos.
La cancillería venezolana calificó la situación de estos ciudadanos como una “desaparición forzada” y denunció que su retención se produjo bajo un esquema de criminalización migratoria que violaba flagrantemente los derechos humanos. El recinto, conocido por sus políticas de seguridad extremas, se había transformado en un símbolo del enfoque represivo hacia los migrantes latinoamericanos, y en especial hacia aquellos venezolanos en tránsito.
Según fuentes oficiales, el rescate fue posible gracias a un canje acordado con las autoridades estadounidenses, mediante el cual Venezuela entregó a un grupo de ciudadanos norteamericanos que se encontraban detenidos en el país sudamericano por delitos contra la soberanía, la paz y la institucionalidad de la nación. Los detenidos en cuestión eran señalados por participar en operaciones encubiertas, actos de injerencia y conspiración.
El presidente Nicolás Maduro aprobó personalmente el acuerdo, priorizando —según el comunicado oficial— la protección de la vida, la dignidad y los derechos de los venezolanos en el exterior, especialmente de aquellos que, sin apoyo ni protección, habían sido víctimas de acciones desmedidas por parte del gobierno salvadoreño.
“El Estado venezolano no descansará ante ninguna arbitrariedad que ponga en peligro a sus ciudadanos, dentro o fuera del país. La prioridad es el pueblo”, afirmaron voceros del Ejecutivo durante el anuncio.
En paralelo al intercambio diplomático, las autoridades judiciales venezolanas otorgaron medidas alternativas a la prisión preventiva a un grupo de venezolanos que estaban siendo procesados por delitos comunes y políticos, dentro de causas abiertas por acciones contra el orden constitucional. Estas liberaciones se enmarcan, según el Ejecutivo, en un proceso de reconciliación nacional en curso.
El gobierno también aprovechó la ocasión para agradecer públicamente al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su papel como mediador internacional, destacando su compromiso con la paz y el diálogo en momentos de alta tensión regional.
La administración de Maduro reiteró, al finalizar su declaración, que continuará priorizando la soberanía y los derechos del pueblo venezolano en todos los escenarios internacionales, y que persistirá en la búsqueda de soluciones diplomáticas, con apego absoluto a la Constitución y al principio de no intervención.
