Caracas rechaza con contundencia la designación del presunto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, denunciando una maniobra política destinada a justificar más presión y operaciones hostiles en el Caribe.
Con datos de RT
La confirmación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la inclusión del llamado “Cartel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas extranjeras desató una respuesta categórica y vehemente del Gobierno venezolano, que interpreta esta decisión como una escalada política direccionada a consolidar un relato de confrontación. Para Caracas, no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo capítulo en una secuencia de agresiones que Washington ha impulsado durante los últimos años con el objetivo, según denuncia el Ejecutivo venezolano, de debilitar las estructuras institucionales del país y habilitar un escenario de mayor intervención.
La argumentación venezolana sostiene que el supuesto cartel no tiene existencia comprobada y que su incorporación en el listado constituye un intento deliberado de dotar de formalidad a una acusación que, para las autoridades del país sudamericano, carece de cualquier sustento verificable. Ninguna agencia internacional especializada en lucha antidrogas ha documentado la operación de una organización con estas características, un punto que el Gobierno venezolano resalta para mostrar la fragilidad del enfoque estadounidense. Para Caracas, se trata de un montaje político destinado a reforzar la percepción global de que Venezuela alberga actividades criminales de alto impacto.
La postura oficial fue difundida mediante un comunicado en el que se enfatiza que esta maniobra reedita viejas estrategias de manipulación que, históricamente, han sido utilizadas para generar condiciones políticas que permitan justificar acciones coercitivas. El documento denuncia que la inclusión del presunto cartel en la lista de terrorismo responde a un libreto que se ha aplicado en otros escenarios geopolíticos y que, según Venezuela, suele anteceder intervenciones directas o medidas de máxima presión.
El canciller Yván Gil tomó la palabra desde sus plataformas oficiales para reiterar que la maniobra estadounidense acabará fracasando, tal como —según él— ocurrió con otras iniciativas dirigidas a aislar al país. Gil recalcó que Venezuela no se distraerá en polémicas basadas en acusaciones que considera imaginarias. El Gobierno, aseguró, se mantiene concentrado en la gestión interna, la administración pública y los desafíos nacionales que demandan atención prioritaria. La postura del Ejecutivo es no otorgar legitimidad a imputaciones que, desde su perspectiva, solo buscan alimentar una campaña de desprestigio.
El comunicado oficial añadió que es irracional exigir que Venezuela invierta tiempo y recursos institucionales para refutar señalamientos sin fundamento. En cambio, subrayó la fortaleza de su estructura nacional, la cohesión entre poderes públicos y el respaldo de diversos sectores sociales que, según el documento, se mantienen firmes frente a las amenazas externas. Caracas insiste en que prevalece una articulación sólida entre la población, la fuerza pública y el aparato estatal, un elemento que considera crucial para sostener la estabilidad en momentos de presión internacional.
En el mismo texto, el Gobierno venezolano pidió a Washington abandonar lo que describió como una política de agresiones sostenidas que afecta a toda la región. Desde la mirada oficial, este tipo de maniobras repercute negativamente no solo en la relación bilateral, sino en la estabilidad de áreas caribeñas donde la presencia militar estadounidense ha aumentado notablemente en los últimos meses. Para Caracas, estos movimientos responden a una estrategia que utiliza la lucha antidrogas como justificación para la expansión de operaciones militares.
Venezuela cuestiona que los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, que según reportes han dejado más de setenta muertos, sean presentados como acciones necesarias contra el narcotráfico, cuando en realidad —según el Gobierno venezolano— son ejercicios de fuerza que configuran una agresión directa. Esta interpretación refuerza la convicción del Ejecutivo de que la acusación contra el presunto cartel no busca combatir realmente actividades ilícitas, sino ofrecer un argumento narrativo que permita a Washington ejecutar medidas de mayor alcance.
A ello se suma la reiterada acusación de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, a quien pretende vincular con redes internacionales del narcotráfico. Estas imputaciones —según Caracas— nunca han sido validadas por organismos especializados, lo que evidencia la falta de sustento técnico. El Ejecutivo venezolano recalca que se trata de un ataque político cuyo propósito es erosionar la autoridad del Gobierno, minar su credibilidad y generar un clima internacional apropiado para justificar acciones más severas.
En este contexto, volvieron a cobrar relevancia las declaraciones del exboina verde Jordan Goudreau, quien afirmó meses atrás que el presunto “Cartel de los Soles” podría tener su origen en operaciones diseñadas por la CIA. Aunque estas afirmaciones no han sido respaldadas con documentación, Caracas las interpreta como un ejemplo de la manipulación geopolítica que rodea la narrativa estadounidense. Paralelamente, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, elevó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a la suma inédita de 50 millones de dólares, decisión que el Gobierno venezolano observa como parte del mismo patrón de hostilidad.
Desde su perspectiva, el presidente Maduro insiste en que estas acciones forman parte de una campaña permanente destinada a preparar el terreno para cualquier tipo de agresión, desde sanciones más extremas hasta escenarios de intervención directa. Ha señalado que no se trata de una ofensiva improvisada, sino de una estrategia estructurada cuyo objetivo final es apoderarse de los vastos recursos energéticos de Venezuela, especialmente sus reservas de petróleo y gas, entre las más grandes del mundo. Según el mandatario, la construcción de una narrativa de criminalidad responde a esa intención geopolítica.
Las reacciones internacionales no tardaron en manifestarse. Países aliados y gobiernos que buscan proteger la estabilidad regional expresaron su rechazo a la designación estadounidense. Entre ellos destacó la posición de Rusia, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que Washington utiliza acusaciones sin base para generar inestabilidad política en zonas estratégicas. Su portavoz, María Zajárova, advirtió que la lucha contra las drogas no puede ser instrumentalizada como excusa para intervenir en los asuntos internos de Estados soberanos. Esta declaración se suma a una larga serie de posicionamientos rusos contra las medidas estadounidenses en América Latina.
Mientras la controversia escala, el escenario diplomático parece cada vez más tensionado. Venezuela sostiene que continuará defendiendo su soberanía con apoyo institucional, articulación interna y alianzas estratégicas. Desde la perspectiva del Gobierno, la campaña estadounidense no solo intenta alterar la percepción internacional, sino reconfigurar relaciones de poder en la región. Para Caracas, el verdadero trasfondo se encuentra en los intereses geoestratégicos que históricamente han marcado la relación entre ambos países.
En medio de ese panorama, la inclusión del supuesto cartel en la lista de terrorismo representa un nuevo punto álgido en una confrontación prolongada. Venezuela ha dejado claro que no aceptará la narrativa estadounidense y que no modificará su política interna en función de acusaciones que considera fabricadas. Washington, por su parte, avanza con una estrategia de presión acumulativa que, para Caracas, pretende forzar un desenlace político favorable a sus intereses.