Doce años de prisión domiciliaria, multa millonaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos marcan la estrepitosa caída del expresidente.
Álvaro Uribe Vélez, el expresidente más influyente de la política reciente en Colombia, ha sido sentenciado por sobornar testigos y alterar procesos judiciales. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, anunció este viernes una condena que sacude al país: 144 meses de prisión domiciliaria, una multa equivalente a más de 750 mil dólares y 100 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La decisión, adoptada tras meses de audiencias en el complejo judicial de Paloquemao, responde a una investigación que reveló cómo Uribe operó una red para fabricar pruebas, ofrecer beneficios carcelarios y manipular testigos con el fin de desacreditar al senador Iván Cepeda. Paradójicamente, el proceso inició en 2012 cuando el propio Uribe denunció a Cepeda. Pero la investigación reveló que el verdadero intento de engaño vino del lado del expresidente.
El punto de quiebre fue 2018. La Corte Suprema halló elementos suficientes para voltear el caso contra quien fuera presidente entre 2002 y 2010. Desde entonces, las pruebas se acumularon: interceptaciones telefónicas, grabaciones secretas hechas con un reloj espía en La Picota y testimonios clave mostraron que Uribe dirigía los movimientos del abogado Diego Cadena, su operador legal de confianza, quien ofrecía beneficios judiciales a cambio de retracciones falsas.
El tribunal confirmó que se pagaron sumas de dinero a familiares de testigos. Uno de los casos más llamativos fue el de María Elena Vélez, quien recibió 18 millones de pesos como parte de un intento de silenciar acusaciones que vinculaban al expresidente y a su hermano con estructuras paramilitares. Además, el fallo recogió evidencias de cartas falsas firmadas por reclusos y exagentes, incluidas personas ligadas a la CIA, presentadas como prueba en instancias judiciales.
La jueza Heredia ordenó el traslado inmediato de Uribe a su domicilio en Rionegro, Antioquia, donde deberá cumplir la pena bajo estricta vigilancia del sistema penitenciario. Para activar la ejecución de la sentencia, el condenado deberá pagar una caución equivalente a cuatro salarios mínimos legales.
El proceso judicial fue extenso: más de 50 audiencias públicas entre febrero y julio de 2025, donde Uribe intentó sostener su inocencia. La defensa alegó desconocimiento de los actos ilícitos cometidos por su abogado, pero la Fiscalía demostró que el expresidente no solo estaba informado, sino que daba luz verde a cada maniobra. Incluso se documentó que pagó a Cadena con un lote como compensación por sus gestiones ilegales.
El fallo puede ser apelado, pero su contenido ya tiene impacto histórico. En Colombia, donde la justicia suele tardar y el poder político goza de fueros, la condena a Uribe marca un precedente sin precedentes. La sentencia no solo reconoce a las víctimas —entre ellas Cepeda, Deyanira Gómez y altos exfuncionarios judiciales—, sino que reafirma que el Estado puede y debe juzgar a quienes, desde el poder, intentan destruirlo desde dentro.