Las denuncias en otros departamentos fueron unificadas en el lugar del acto y residencia de la investigada.
El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la decisión de asignar el caso a la Fiscalía Departamental de Cochabamba responde a criterios de competencia territorial. La centralización del proceso permitirá una investigación más eficiente y evita duplicación de trámites judiciales en diferentes regiones del país.
El acto en el que Ruth Nina habría emitido declaraciones amenazantes ocurrió en territorio cochabambino, y la dirigente también tiene domicilio registrado en ese departamento. Por tanto, las denuncias de La Paz y Santa Cruz se acumularon a esa jurisdicción para evitar contradicciones procesales.
El Ministerio Público busca esclarecer si las palabras de Nina constituyen una amenaza real al sistema democrático. “Ningún actor político puede poner en riesgo el proceso electoral con discursos violentos”, sostuvo Mariaca. La próxima fase de la investigación incluirá entrevistas con asistentes al mitin y la revisión completa de material audiovisual grabado en el evento.