Las masacres de Sacaba y Senkata siguen en el centro de la atención. La CIDH y la ONU recuerdan a Bolivia su deber de investigar, sancionar y evitar que prevalezca la impunidad.
Las heridas abiertas en Bolivia tras los hechos de Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre de 2019, vuelven a colocarse en la agenda nacional e internacional. La demanda de justicia no se ha extinguido, y los organismos internacionales reiteran que el país no puede desentenderse de las recomendaciones emitidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtieron en días pasados sobre el riesgo de impunidad en los procesos abiertos por la violencia que segó más de 30 vidas. La preocupación creció luego de que decisiones judiciales beneficiaran a policías y militares investigados, además de que se anularan los procesos iniciados contra la expresidenta Jeanine Áñez, trasladando su causa a un juicio de responsabilidades.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, subrayó este fin de semana que las recomendaciones internacionales son compromisos asumidos por el Estado boliviano en su conjunto, y no meras sugerencias dirigidas a un órgano específico. “Lo que se espera es voluntad real de combatir la impunidad y crear condiciones para que las víctimas puedan acceder a procesos adecuados y obtener justicia”, afirmó en entrevista televisiva.
Los informes elaborados por expertos independientes de la CIDH, tras una visita in situ, constituyeron la base para iniciar los juicios. En ellos se establecieron líneas de investigación que apuntaban a esclarecer responsabilidades estatales y garantizar sanciones. Sin embargo, los avances en el plano judicial se han visto empañados por la lentitud procesal y las anulaciones recientes.
El desafío es múltiple. Por un lado, se deben garantizar investigaciones transparentes, sin sesgos ni presiones políticas. Por otro, el Estado debe mostrar coherencia frente a la comunidad internacional, que observa con atención cómo se conduce la justicia en estos casos emblemáticos.
Saravia advirtió que de no cumplirse las recomendaciones, las víctimas podrían recurrir nuevamente a la CIDH y llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese escenario, Bolivia se expondría a un fallo condenatorio que incluiría el pago de reparaciones económicas a las familias afectadas.
El núcleo de la discusión, sin embargo, va más allá de las sanciones posibles. La ministra remarcó que lo esencial es no repetir tragedias que dejaron huella en la memoria colectiva. “Hablamos de vidas humanas y de la necesidad de que nunca más se produzcan hechos similares”, sostuvo.
Las familias de las víctimas mantienen viva la exigencia de justicia. Para ellas, los informes internacionales no son simples documentos diplomáticos, sino garantías de que su clamor no se pierda entre tecnicismos judiciales. Cada audiencia suspendida y cada fallo que beneficia a los sindicados profundizan la sensación de abandono y de injusticia.
Los organismos internacionales ya expresaron que la anulación de lo actuado en tribunales constituye un retroceso grave. La advertencia busca presionar para que Bolivia asuma sin dilaciones su rol y evite que los casos terminen en el olvido.