Un tribunal paceño resolvió este martes otorgar libertad total a Marco Pumari y detención domiciliaria con permiso laboral a Luis Fernando Camacho, dentro del proceso judicial denominado Golpe de Estado I.
El caso conocido como Golpe de Estado I, abierto tras la crisis política de 2019, volvió a generar movimiento en la arena judicial. Este martes, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz emitió una resolución que modificó de manera significativa la situación de dos de sus protagonistas: el exdirigente cívico potosino Marco Pumari y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Pumari obtuvo su libertad plena y sin restricciones, aunque con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales en Potosí. En cambio, Camacho fue beneficiado con detención domiciliaria y autorización para ejercer actividades laborales, en reemplazo de la detención preventiva que cumplía desde diciembre de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
UNA DECISIÓN ESPERADA DESDE HACE MESES
La audiencia de revisión de medidas cautelares fue conducida por el magistrado Romer Saucedo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tras escuchar a las partes, se determinó que los argumentos de la defensa de ambos procesados eran suficientes para modificar su situación legal.
El abogado de Camacho, Martín Camacho, celebró la decisión como un “paso hacia la recuperación de la imparcialidad judicial”. Según explicó, su defendido continuará vinculado al proceso y deberá cumplir estrictamente con las restricciones dictadas, pero podrá abandonar la cárcel tras más de 20 meses de encierro.
Mientras tanto, el abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, confirmó que la libertad otorgada a su cliente es “pura y simple”, aunque este deberá cumplir con presentaciones semanales ante el sistema judicial de Potosí.
CAMACHO, DEL CABILDO A LA CELDA
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y referente opositor al Movimiento al Socialismo (MAS), guarda detención preventiva desde el 28 de diciembre de 2022, cuando fue aprehendido por el caso Golpe de Estado I.
El proceso judicial se enfoca en su participación durante los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, cuando desde la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz encabezó protestas que exigían la renuncia del entonces presidente Evo Morales, alegando un supuesto fraude electoral.
Camacho fue uno de los principales rostros de aquellas movilizaciones. El 2 de noviembre de 2019, en un cabildo multitudinario, dio a Morales un ultimátum de 48 horas para dimitir, enarbolando una Biblia como símbolo. Días después, leyó una carta de renuncia dirigida a Morales, mientras en paralelo se tejían contactos con militares y policías, reconocidos por el propio Camacho en declaraciones realizadas en diciembre de ese mismo año.
LOS VÍNCULOS CON FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA
El testimonio de Camacho reveló que su padre, José Luis Camacho Parada, y el entonces futuro ministro de Defensa, Luis Fernando López, gestionaron los nexos con las Fuerzas Armadas y la Policía. Estas instituciones, poco después, retiraron su respaldo a Morales.
El 8 de noviembre de 2019, en Cochabamba, la Policía inició un motín que rápidamente se replicó en otras regiones. El 9, la protesta alcanzó a las fuerzas policiales de Pando y de La Paz. Finalmente, el 10 de noviembre, el Alto Mando Militar sugirió públicamente la renuncia de Morales, quien terminó abandonando el cargo y el país.
Para Camacho, ese acuerdo tácito con uniformados fue “determinante” para que las protestas se trasladaran de Santa Cruz a La Paz, consolidando un desenlace que marcó la política boliviana.
EL CAMINO JUDICIAL DE PUMARI
Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), también fue protagonista de la movilización de 2019. Acompañó a Camacho en varias de sus acciones y fue protegido por la Policía durante las protestas en La Paz.
Su proceso dentro del caso Golpe I se centraba en la misma línea de investigación. Tras meses de audiencias y medidas restrictivas, este martes obtuvo su libertad plena. Para Pumari, la resolución judicial representa la posibilidad de retomar sus actividades cotidianas en Potosí, aunque el proceso aún no se encuentra cerrado en términos legales.
REACCIONES Y EXPECTATIVAS
Las resoluciones judiciales fueron recibidas con sentimientos encontrados. Los seguidores de Camacho y Pumari celebraron lo que consideran un alivio frente a lo que tildan de persecución política. Para los sectores sociales que exigen justicia por los hechos violentos de 2019, en cambio, los fallos son interpretados como señales de retroceso en la búsqueda de responsabilidades.
Organizaciones de víctimas de Sacaba y Senkata recordaron que aún esperan que se esclarezcan las muertes registradas durante los enfrentamientos de noviembre de 2019. Para ellas, no se trata solo de procesos contra líderes cívicos, sino también de la necesidad de sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los decesos.
UN ESCENARIO AÚN ABIERTO
La situación judicial de Camacho no termina con la decisión de este martes. Este miércoles debe asistir a una audiencia por el caso del “paro de 36 días”, ocurrido en Santa Cruz en 2022, cuando se exigía un censo nacional. En esa causa, también se debatirá la vigencia de su detención preventiva.
De esta manera, el futuro político y personal del gobernador cruceño sigue condicionado a múltiples procesos abiertos en su contra. Aun así, la posibilidad de dejar la cárcel y cumplir arresto domiciliario representa un cambio de escenario tras más de un año y medio de encierro.
Pumari, por su lado, encara una situación menos compleja, pero no exenta de responsabilidades. Aunque hoy puede gozar de libertad, su figura continúa vinculada al debate político sobre lo ocurrido en 2019.
UNA DECISIÓN QUE DIVIDE
El país vuelve a polarizarse en torno a las resoluciones judiciales. Mientras una parte de la sociedad interpreta la liberación de Pumari y el arresto domiciliario de Camacho como gestos de equilibrio judicial, otra parte percibe que se debilitan los esfuerzos por obtener justicia para las víctimas de la violencia.
El caso Golpe de Estado I refleja cómo, más de cuatro años después, la crisis política de 2019 sigue marcando el rumbo de la justicia y del debate social en Bolivia. Las heridas de aquel periodo permanecen abiertas y el sistema judicial enfrenta el reto de dar respuestas claras y creíbles.