Un tribunal dispuso la excarcelación de la exmandataria por el caso Senkata, pero la sentencia ejecutoriada de diez años por el caso Golpe II mantiene su permanencia en prisión.
Una orden judicial que en cualquier otro contexto hubiera significado la libertad inmediata, para Jeanine Áñez no cambia nada. El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto instruyó su excarcelación en el marco del caso Senkata, pero la exmandataria seguirá encarcelada en el penal de Miraflores porque ya tiene una condena ejecutoriada de diez años de prisión por el proceso denominado “Golpe II”.
El documento que dispone la medida fue emitido el 25 de agosto, firmado por los jueces David Kasa Quispe, Wendy Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno. En él se establece que la ex presidenta debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria, al considerar fundada la excepción de incompetencia planteada por su defensa. Por eso, se ordena a la dirección del penal “ejecutar y hacer cumplir” la libertad de Áñez, aunque únicamente en lo referente a ese proceso.
La resolución deja claro que el mandamiento de libertad no tiene efecto sobre otras causas abiertas. Y ahí está la clave: Áñez no puede abandonar la cárcel porque cumple una pena firme de diez años, impuesta en 2022, por su papel en la sucesión presidencial de noviembre de 2019, cuando asumió el poder tras la salida de Evo Morales.
Su abogado, Luis Guillén, reaccionó señalando que la justicia boliviana mantiene un doble estándar. “Se reconoció que no tenía que ser procesada en la vía ordinaria, pero aún permanece detenida por una condena dictada sin competencia. Esto es persecución política”, aseguró. Además, recordó que hay al menos nueve procesos abiertos contra su defendida, lo que a su criterio constituye “un acoso judicial sistemático”.
En contrapartida, los familiares de las víctimas de Senkata, que perdieron a sus seres queridos durante la intervención militar de noviembre de 2019, sostienen que la orden de libertad no cambia nada en términos de justicia. David Inca, activista de derechos humanos, lo expresó sin rodeos: “No se efectiviza su liberación. Ella tiene una sentencia ejecutoriada. Mientras esa condena no sea anulada, seguirá en la cárcel”.
Para las víctimas, lo importante es que se avance en los juicios de responsabilidades pendientes. “No queremos papeles que digan libertad. Queremos justicia por los muertos de Senkata y Sacaba”, señaló uno de los familiares durante un contacto con radios comunitarias.
La tensión entre las posiciones es evidente. Mientras la defensa de Áñez se concentra en la legalidad del proceso y en la supuesta falta de competencia del juez que dictó la sentencia del “Golpe II”, los sectores sociales afectados por la violencia de 2019 exigen que se mantenga su encarcelamiento y que se amplíe la investigación a otros responsables.
El caso Senkata es uno de los más sensibles en la memoria reciente del país. Decenas de personas murieron en El Alto durante la intervención militar ordenada en noviembre de 2019, cuando se reprimieron las protestas contra el gobierno de Áñez. Ese episodio, junto al de Sacaba, marcó de manera trágica los primeros días de su administración.