La administración departamental cuestiona la resolución fiscal que descarta evidencias audiovisuales y documentales, pese a constatar daños ambientales severos dentro de la Reserva Manuripi, y anuncia acciones legales inmediatas.

El Gobierno Autónomo Departamental de Pando expresó su profunda preocupación tras recibir la notificación oficial de la Fiscalía que declara el rechazo a la denuncia presentada a inicios de este año por contaminación ambiental y explotación aurífera ilegal dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. La decisión, comunicada recientemente, desata inquietud institucional y social debido a la magnitud de los hechos constatados en una de las áreas protegidas más relevantes del norte amazónico boliviano.

La Secretaría de Gestión Integral de la Madre Tierra (SGIMT) recordó que la denuncia surgió a partir de una verificación técnica realizada los días 25 y 26 de enero de la presente gestión, cuando un equipo multidisciplinario identificó la presencia activa de balsas dedicadas a la extracción ilegal de oro en pleno corazón de la reserva. Los hallazgos fueron registrados mediante drones, fotografías, videos y levantamientos técnicos que demostraron, sin margen para la duda, la operación de estructuras mineras no autorizadas dentro del área protegida.

A raíz de esa constatación, representantes de la Gobernación retornaron al sitio en un operativo posterior acompañado por la Fiscalía y otras instituciones, con el objetivo de ampliar el registro, confirmar los daños ambientales y aportar elementos adicionales a la denuncia formal. Durante esa intervención, se documentaron sedimentos suspendidos en el agua, remoción de suelos ribereños, deforestación puntual y alteraciones en la dinámica ecológica de los ríos intervenidos. Todos estos elementos fueron presentados ante el Ministerio Público como prueba del impacto directo sobre los recursos naturales de Manuripi.

Pese a ello, la Gobernación lamentó que el cúmulo de evidencias no haya sido valorado en su real dimensión. La institución sostiene que la resolución fiscal pasa por alto daños severos a la biodiversidad local, ignora la contaminación hídrica generada por la actividad aurífera y minimiza el riesgo creciente que estas operaciones representan para uno de los pulmones ecológicos más importantes de la Amazonía boliviana. El rechazo, señalan, envía un mensaje adverso para la protección de las áreas naturales y para los esfuerzos institucionales dirigidos a frenar la expansión de actividades ilícitas dentro de territorios protegidos.

Ante este escenario, el Gobierno Departamental anunció que se encuentra evaluando la resolución punto por punto y activará todos los mecanismos administrativos y legales disponibles para revertirla. La institución remarcó que su obligación es defender la integridad de la Reserva Manuripi, preservar los servicios ecosistémicos que ofrece y garantizar que la normativa ambiental se cumpla sin excepciones. La administración departamental considera que permitir la continuidad de la minería ilegal dentro de la reserva abre una peligrosa brecha para que redes extractivas amplíen su presencia en zonas de alto valor ecológico.

La Gobernación adelantó que informará oportunamente sobre las medidas que adoptará en los siguientes días, con el propósito de impedir que la explotación minera ilegal quede sin sanción y de asegurar que el caso retorne a la vía judicial con las garantías necesarias para que los responsables respondan ante la ley.