El Ministerio Público busca esclarecer el rol de autoridades en la remoción de una magistrada del TSJ mediante un proceso cuestionado.
Iván Lima, quien hasta septiembre de 2024 se desempeñó como ministro de Justicia, ha sido convocado por la Comisión de Fiscales que investiga un posible caso de manipulación judicial. El exministro deberá prestar declaración en calidad de testigo este viernes a las 9:00 en la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en La Paz.
La investigación gira en torno al polémico “caso Consorcio”, en el que se denunció un posible consorcio entre autoridades judiciales y del Ejecutivo para separar del cargo a la magistrada Fanny Coaquira, del Tribunal Supremo de Justicia. La denuncia fue presentada por el propio TSJ, lo que encendió las alarmas en todo el sistema judicial.
El documento oficial que cita a Lima señala que “cualquier funcionario público o el asignado al caso” podrá hacer efectiva la notificación, lo que refleja la urgencia y relevancia del proceso.
El caso se agravó tras la difusión de un audio presentado por el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza. En la grabación, que ya circula entre medios judiciales, se escuchan dos voces conversando sobre decisiones legales, una de las cuales se atribuye a César Siles, quien reemplazó a Lima como ministro de Justicia.
A raíz de esta denuncia, siete personas han sido imputadas, y se han dictado medidas cautelares diversas. Algunas están con detención preventiva, mientras que otras gozan de arresto domiciliario.
La presencia de Lima ante los fiscales podría esclarecer varios puntos clave sobre los procedimientos seguidos y las decisiones tomadas desde el Ministerio de Justicia durante su gestión. La Fiscalía busca identificar si existieron acciones coordinadas o intereses políticos en el proceso de destitución de Coaquira.