El retorno de Arturo Murillo desde Estados Unidos activa sus procesos judiciales en Bolivia. El exministro fue capturado en Viru Viru y trasladado bajo fuerte custodia hacia La Paz.
La madrugada de este jueves, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, pisó nuevamente suelo boliviano tras ser deportado de Estados Unidos. Su llegada, registrada cerca de las 04.30 en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, no pasó desapercibida. Custodiado por agentes policiales, con las manos esposadas y un chaleco antibalas con la inscripción “aprehendido”, fue conducido directamente a dependencias de seguridad mientras se organizaba su inmediato traslado hacia La Paz.
Murillo regresa al país con una pesada carga judicial. De los ocho procesos penales abiertos en su contra, ya enfrenta dos sentencias condenatorias firmes. La primera, de ocho años de prisión, fue dictada por el caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. La segunda, de cinco años y cuatro meses, corresponde a la adquisición irregular de material antidisturbios proveniente de Ecuador en 2019, cuando ejercía como autoridad en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que Murillo permanece en instalaciones del aeropuerto cruceño a la espera de su traslado a la sede de gobierno. “En La Paz será puesto a disposición de un juez, quien definirá su situación inmediata. Lo que corresponde es que cumpla las sentencias que tiene pendientes”, explicó.
La expectativa mediática fue grande. Varias cámaras captaron el momento en que policías ingresaban a la aeronave y lo escoltaban hasta la terminal. Pese a la tensión, el exministro mostró una sonrisa leve, aunque su semblante denotaba el paso de los últimos años en prisión. Vestía una chaqueta oscura y llevaba la barba canosa, reflejando el tiempo transcurrido desde su salida del escenario político boliviano.
El itinerario de Murillo en Estados Unidos también fue complejo. En mayo de 2021 fue arrestado en ese país por delitos de conspiración para lavado de dinero y sobornos, vinculados a la compra de material antidisturbios durante la gestión de Áñez. En enero de 2023, tras declararse culpable, recibió una condena de 70 meses de prisión. Cumplió parte de la pena y fue liberado en junio de 2025 por buena conducta, para luego ser enviado a un centro de detención migratoria. Desde allí, finalmente se resolvió su deportación a Bolivia.
Según reveló el viceministro de Gobierno, Jhonny Aguilera, Murillo solicitó ser enviado a un tercer país, con la intención de evitar su retorno a Bolivia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazaron su pedido y lo entregaron a agentes bolivianos.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, adelantó que la Procuraduría solicitará en audiencia que sea remitido a un penal de máxima seguridad, mencionando a Chonchocoro como posible destino. “Se trata de un caso emblemático de corrupción que le costó millones al país. Lo mínimo que corresponde es que cumpla sus condenas en un recinto seguro”, sostuvo.
Murillo, considerado una de las figuras más controvertidas del gobierno transitorio de 2019, debe responder por hechos ocurridos durante la crisis política y social que dejó un saldo de muertos, heridos y denuncias de graves vulneraciones a los derechos humanos. Para muchos, su regreso representa un paso clave en la búsqueda de justicia.
Mientras tanto, su arribo movilizó a autoridades nacionales y a la prensa. Se espera que al mediodía sea trasladado desde Viru Viru a La Paz en un vuelo custodiado, para que posteriormente un juez determine su encarcelamiento formal.