La movilización que partió desde Pando llegó a Caranavi, suma respaldo social, incorpora nuevos contingentes indígenas y anuncia bloqueos, mientras se intensifica la presión nacional por la abrogación de la Ley 1720.
La marcha indígena y campesina que salió desde el norte amazónico del país continúa su avance hacia la ciudad de La Paz y ya alcanzó el municipio de Caranavi, donde fue recibida en la madrugada de este domingo por organizaciones sociales, transportistas y vecinos que decidieron sumarse al reclamo. La columna no solo mantiene su rumbo: crece en número y respaldo a cada jornada.
Tras más de dos semanas de caminata desde Pando, los marchistas ingresaron con signos visibles de desgaste físico, pero con una presencia más amplia que en los primeros días. En su paso por Caranavi, la movilización consolidó el apoyo de sectores locales que anunciaron medidas de presión paralelas para reforzar la demanda central: la anulación total de la Ley 1720.
“Estamos con la frente en alto, este apoyo nos fortalece para seguir hasta La Paz”, afirmaron los movilizados durante su arribo, mientras eran recibidos con alimentos, bebidas calientes y muestras de solidaridad por parte de la población.
El reclamo se mantiene sin variaciones. Los dirigentes sostienen que la norma cuestionada afecta directamente la tenencia de la tierra en comunidades indígenas y campesinas, y denuncian que fue aprobada sin consulta previa. “Esta ley no ha sido socializada y perjudica a nuestras comunidades”, señalaron.
En medio de la concentración, uno de los representantes lanzó una advertencia directa al Ejecutivo: “Señor presidente, si usted se siente incapaz de solucionar los problemas, váyase del país”. La declaración fue respaldada por los asistentes, marcando el tono que acompaña la movilización desde su salida.
La marcha ha ido incorporando nuevos sectores en su trayecto. Desde el departamento del Beni, cerca de 300 indígenas de distintas subcentrales ya se encuentran en camino para unirse a la columna principal. Participan delegaciones del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, el Territorio Indígena Multiétnico, el TIPNIS y comunidades de Bella Selva, además de representantes de pueblos Mojeño, Yuracaré, Tsimane y Movima.
Antes de iniciar su desplazamiento, los contingentes realizaron una misa en San Ignacio de Mojos, tras la cual partieron con la intención de alcanzar a los marchistas que ya se encuentran en territorio paceño. “Estamos listos para ir a la marcha”, confirmó el dirigente Armando Sabi, quien además solicitó garantías para la seguridad de los participantes.
Desde la dirigencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Víctor Yva ratificó la decisión de movilizarse. “Vamos a marchar porque el Gobierno mantiene actitudes que van en contra de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó, señalando que la Ley 1720 genera preocupación en comunidades con procesos de saneamiento de tierras.
El desgaste físico es uno de los elementos más visibles en la movilización. “Son 18 días de marcha, hemos dejado a nuestras familias, hay compañeros con ampollas, ya no pueden caminar”, relató uno de los marchistas, mientras descansaba en Caranavi antes de retomar el trayecto.
A pesar de esas condiciones, la decisión de continuar se mantiene firme. “No vamos a claudicar, vamos a seguir en la lucha”, reiteraron los dirigentes, descartando cualquier posibilidad de retroceder sin una respuesta concreta.
En Caranavi, el respaldo se tradujo en acciones. Organizaciones sociales y sectores del transporte anunciaron que desde las cero horas del lunes se instalará un bloqueo de caminos en apoyo a la marcha y a otras demandas acumuladas en la región. “El pueblo está sufriendo, vamos a cerrar las carreteras”, advirtió un dirigente local.
La movilización también incorpora otros reclamos, como la calidad del combustible y el incremento del costo de la canasta familiar. “Estamos cansados del pésimo combustible y de cómo suben los precios”, expresó un dirigente indígena, ampliando el alcance del descontento.
ACUERDO CON DIRIGENTES DE LA CIDOB ES CONSIDERADA COMO TRAICIÓN A LA MARCHA
Mientras la marcha suma respaldo en las rutas, el Gobierno avanzó en un acuerdo con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que no participan en la movilización.
El documento firmado la pasada semana establece la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 1720 mediante un proyecto que será remitido a la Asamblea Legislativa. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca atender las observaciones planteadas sin anular la normativa vigente.
En la firma participaron el presidente Rodrigo Paz, el ministro Oscar Mario Justiniano y el dirigente Lino Illimuri. Las autoridades señalaron que el acuerdo es resultado de varios días de negociación y que apunta a resguardar derechos territoriales.
Sin embargo, la marcha rechaza ese entendimiento. Los dirigentes que avanzan hacia La Paz sostienen que no fueron consultados y que quienes firmaron el documento no representan a las bases movilizadas.
Durante su paso por Caranavi, los marchistas reiteraron que no aceptarán modificaciones parciales. “Le decimos al Gobierno que no vamos a claudicar”, señalaron, insistiendo en que la única salida es la abrogación total de la ley.
La columna prevé retomar su recorrido en las próximas horas. Desde Caranavi restan más de 160 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, donde se espera la llegada de la movilización en los próximos días.
Con nuevas incorporaciones, respaldo territorial y medidas de presión en marcha, la protesta se transforma en un movimiento cada vez más amplio que mantiene su objetivo intacto mientras se acerca a la sede de gobierno.
