El Ministro de Hidrocarburos acusó a legisladores de bloquear el desarrollo del litio por cálculos políticos y alertó que Bolivia puede perder inversiones clave si no actúa con celeridad.
La industrialización del litio boliviano, uno de los proyectos más ambiciosos del Estado, se encuentra en suspenso. Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos, lanzó una advertencia directa: la oportunidad de transformar el litio en riqueza nacional está en manos de una Asamblea Legislativa que no logra ponerse de acuerdo.
Tras la suspensión del tratamiento de dos contratos clave con empresas de China y Rusia, Gallardo lamentó que la sesión parlamentaria haya terminado en desorden, sin una decisión concreta. A su juicio, el proyecto no está siendo evaluado por sus méritos técnicos ni legales, sino por presiones regionales y disputas políticas internas.
“El Ejecutivo cumplió con su deber. Negociamos, firmamos los contratos, los enviamos al Legislativo y ahora la pelota está en su cancha”, afirmó. “Si el país pierde estas inversiones, no será por falta de gestión del Gobierno”, agregó con énfasis.
El ministro explicó que los acuerdos fueron trabajados desde 2021 y se enmarcan plenamente en la Constitución y las leyes bolivianas. Sin embargo, sectores cívicos y legisladores de Potosí, junto a otros actores críticos, rechazan los convenios alegando supuestos riesgos ambientales, ausencia de consulta previa y poca transparencia.
Gallardo respondió con datos: aseguró que la intervención sobre el Salar de Uyuni alcanzaría solo un 2% de su superficie, y desmintió las cifras alarmantes sobre el uso de agua. Asimismo, aclaró que las consultas a las comunidades no se han realizado porque aún no se ha definido el lugar exacto de implementación, dado que se requieren estudios técnicos adicionales.
“No estamos improvisando, estamos planificando. Y la desinformación no puede tener más peso que los estudios serios y las oportunidades de desarrollo”, sostuvo.
En su declaración, el ministro también subrayó que existen 14 contratos más pendientes de aprobación en el ámbito de la industrialización del litio, lo que convierte al tema en una verdadera política de Estado. “Este no es un proyecto más. Es una decisión que puede marcar el futuro económico de Bolivia”, dijo.
Gallardo también enfatizó que las empresas que ahora muestran interés podrían redirigir sus inversiones a otros países si Bolivia no ofrece certezas jurídicas. “Ellos quieren trabajar aquí, pero no van a esperar eternamente”, advirtió.
El debate no solo se centra en el contenido de los contratos, sino en el momento político que vive el país. En un año electoral y con una Asamblea fragmentada, el litio se convierte en escenario de confrontación más que de construcción.
“Yo ya hice mi parte”, concluyó Gallardo. “El día de mañana, cada uno tendrá que responder ante el pueblo. Yo podré decir con la frente en alto: cumplí mi deber”.