Campero cuestiona el doble rasero del TSE y exige respeto al fallo constitucional que protege a autoridades electas.
La diputada de oposición Luciana Campero denunció ser víctima de un proceso de inhabilitación injustificado tras quedar fuera de las listas oficiales de candidaturas. La legisladora afirmó que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) vulneró sus derechos políticos y actuó al margen de la legalidad al excluirla de la contienda electoral.
El motivo oficial de la inhabilitación fue una supuesta omisión en la presentación de la declaración jurada y la falta de renuncia a su cargo. No obstante, Campero argumentó que no está obligada a renunciar, amparándose en la Sentencia Constitucional 0032/2019, que establece que los funcionarios electos por voto popular pueden postular sin dejar sus funciones.
“No se trata solo de una interpretación jurídica. Es una sentencia que está vigente y que se ha aplicado a muchos otros políticos que sí fueron habilitados sin dejar sus cargos”, señaló. La diputada criticó la falta de coherencia del OEP, que —según ella— no aplica los mismos criterios a todos los candidatos.
Además, cuestionó el argumento sobre la supuesta falta de declaración jurada. Campero presentó pruebas de que el documento fue tramitado el 17 de mayo, dos días antes del plazo límite, y entregado al delegado de su partido. Asegura contar con copias físicas y digitales, además de una solicitud de legalización que incluye un código QR válido.
Campero denunció que su caso se enmarca en un contexto de violencia política sostenida. Señaló que desde 2021 ha sido objeto de hostigamiento por parte de un vocal del Tribunal Electoral, a quien acusa de actuar con intenciones políticas para impedir su participación.
“La democracia no puede depender de decisiones arbitrarias. Lo que está ocurriendo es un abuso de poder”, expresó. En ese marco, adelantó que agotará todas las vías legales para revertir su inhabilitación y garantizar su derecho a competir en igualdad de condiciones.