El máximo tribunal confirmó la sentencia contra la expresidenta, provocando una respuesta inmediata del peronismo, que se reagrupa con una narrativa de proscripción y resistencia popular.
Con datos de pagina12.com.ar
La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La sentencia, que sella su situación judicial, reavivó una fuerte polarización política y desencadenó una poderosa respuesta del peronismo, que comenzó a reorganizarse en clave de resistencia ante lo que define como una proscripción encubierta.
En la sede del Partido Justicialista (PJ), en pleno barrio porteño de Balvanera, se vivieron horas de agitación y definición. Cristina Fernández decidió reunirse allí con la cúpula partidaria, rodeada de gobernadores, sindicalistas, legisladores y referentes de movimientos sociales, para enfrentar el nuevo escenario. Al salir, pronunció un discurso que fue más allá del veredicto: “No hay condena que me borre de la historia ni prisión que me impida representar a millones de argentinos”, expresó con tono sereno pero firme, despertando ovaciones entre quienes se habían concentrado desde temprano en el lugar.
La jornada estuvo atravesada por una fuerte carga simbólica. El fallo fue leído como un acto de disciplinamiento hacia todo el campo popular y, particularmente, como un intento de cortar de raíz cualquier posibilidad de un nuevo liderazgo de Cristina. La respuesta no tardó en emerger: miles de personas se congregaron en distintas ciudades del país en señal de apoyo, con la consigna “Cristina no está sola” como bandera. La imagen de la exmandataria asumiendo la situación sin ocultar el dolor, pero con determinación, movilizó incluso a sectores que se habían mantenido distantes en los últimos años.
Desde temprano, las inmediaciones del PJ fueron tomadas por columnas de militantes, con bombos, pancartas y banderas. Al ingresar al edificio, Cristina fue recibida por referentes como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y dirigentes sindicales de peso como Pablo Moyano y Hugo Yasky. Según trascendió, la reunión fue extensa y emotiva. Allí, la expresidenta planteó la necesidad de canalizar la bronca en organización y acción política. “Esta no es sólo una condena contra mí, es una advertencia al pueblo: si te enfrentás al poder real, esto es lo que te espera”, habría dicho, según testigos.
Los movimientos sociales también se hicieron sentir. Juan Grabois, líder del Frente Patria Grande, estuvo presente y fue categórico: “La sentencia es una infamia. No vamos a permitir que se proscriba a quien garantizó derechos a los más humildes”. En paralelo, sindicatos de base y agrupaciones estudiantiles comenzaron a organizar asambleas para definir una estrategia de respuesta conjunta, que podría incluir una movilización nacional en los próximos días.
A nivel institucional, las repercusiones no se hicieron esperar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en salir al cruce del fallo. “No es justicia, es persecución política. No buscan castigar un delito, buscan borrar a una líder del escenario”, afirmó. Otros mandatarios provinciales del PJ y de fuerzas aliadas manifestaron su rechazo y solidaridad con la exmandataria. Incluso sectores del radicalismo más progresista expresaron preocupación por las consecuencias institucionales del fallo.
En contraste, desde el oficialismo encabezado por Javier Milei, se optó por el silencio. No hubo declaraciones desde la Casa Rosada, ni de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni del propio presidente. La interpretación generalizada en el peronismo es que el Gobierno celebra en privado lo que considera una victoria estratégica contra su principal adversaria política.
En redes sociales, el impacto fue inmediato. “Cristina proscripta” se convirtió en tendencia global, mientras que personalidades del mundo cultural, académico y de los derechos humanos sumaron sus voces. “Se cierra un ciclo democrático y se abre otro de persecución y censura judicial”, escribió en X (exTwitter) el escritor Mempo Giardinelli. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, por su parte, denunció que “la Corte Suprema ha actuado como un brazo del poder económico y financiero”.
A nivel internacional, algunos exmandatarios y dirigentes latinoamericanos también se pronunciaron. Luiz Inácio Lula da Silva envió un mensaje de respaldo, afirmando que “los procesos judiciales no pueden ser instrumentos de eliminación política”. Evo Morales, Rafael Correa y José Mujica se sumaron a las expresiones de solidaridad, señalando que la estrategia de proscripción ya ha sido aplicada en otros países de la región.
Frente a este nuevo escenario, el PJ convocó a una reunión extraordinaria para definir los pasos a seguir. Fuentes cercanas a la dirigencia indicaron que se discutirá una estrategia de movilización permanente, una ofensiva jurídica a nivel internacional y una posible candidatura alternativa dentro del espacio. No obstante, varios referentes insisten en que Cristina aún tiene un papel central que cumplir: como símbolo de resistencia, articuladora del frente opositor y, eventualmente, como figura a convocar en un eventual proceso de reconstrucción.
La condena judicial no detuvo al peronismo: lo reactivó. Lo que parecía el golpe de gracia para el liderazgo de Cristina Fernández, se transformó en el punto de partida de un nuevo ciclo de militancia y confrontación política. Una vez más, la expresidenta aparece como eje de una narrativa que combina victimización y combate, proscripción y movilización. El futuro inmediato, marcado por tensiones y movilizaciones, estará determinado por una sola pregunta: ¿puede el sistema político argentino sobrevivir a su propia fractura?