Por unanimidad, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles dos créditos por $us 400 millones para la atención de desastres naturales y proyectos de riego, informó el presidente de esta instancia legislativa, el diputado del MAS Andrés Flores.

Una vez aprobado en comisión, los proyectos de ley de crédito pasaron al pleno de Diputados para su tratamiento y aprobación.

Se trata del préstamo por $us 250 millones, firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la atención de emergencias por desastres naturales y de salud pública.

Con estos recursos, el país fortalecerá su capacidad para desplegar una respuesta rápida y efectiva ante el impacto de eventos extremos, incluyendo actividades de asistencia humanitaria, la reconexión de servicios públicos y la rehabilitación temprana de infraestructura critica, entre otras medidas de respuesta inmediata.

El segundo crédito es por $us 150 millones, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM), para el “Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar”.

El objetivo del préstamo es apoyar una mejor gestión de los recursos hídricos en 15 cuencas y 256 municipios en todo el país. Unas 30.000 familias de zonas rurales se verán beneficiadas al mejorar su capacidad para enfrentar los impactos del cambio climático.

Las familias beneficiarias, dedicadas mayormente a la agricultura de subsistencia en las partes altas de las cuencas, enfrentan elevados índices de aridez, deforestación y erosión de suelos que dificultan su actividad. El Proyecto Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario apunta, justamente, a potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.

El proyecto apoya la planificación estratégica del país en el sector, expresada en el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos (PPRH), la gobernanza e institucionalidad en la gestión hídrica en los niveles subnacional y municipal, y la orientación de inversiones.

Estas inversiones se enfocarán en tres ámbitos, definidos en función del beneficio para las familias rurales: protección de fuentes de agua para incrementar la oferta mediante reforestación, recuperación de praderas nativas, mejora de suelos y protección de áreas de recarga de agua, todo en un área aproximada de 16.000 km2; optimización de los sistemas de riego familiar y comunitario, incluyendo riego tecnificado, para mejorar la productividad de los cultivos, diversificar su producción y mejorar los ingresos de las familias; e implementación de infraestructura resiliente contra inundaciones y la erosión (desgaste de suelos).

Vía ABI