Tras el fracaso del diálogo con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana activó bloqueos desde este martes, exigiendo la anulación del DS 5503 como única demanda sindical a nivel nacional.
La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó el inicio de un bloqueo general de carreteras en todo el país desde las cero horas de este martes, en cumplimiento de una resolución adoptada por su ampliado nacional. La medida fue asumida luego de que concluyeran sin acuerdos las conversaciones sostenidas con representantes del Gobierno nacional, según informaron dirigentes sindicales en conferencia de prensa.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que la determinación responde a la falta de una respuesta concreta del Órgano Ejecutivo frente al pedido de abrogación del Decreto Supremo 5503. De acuerdo con la dirigencia, la resolución fue debatida y aprobada por las organizaciones afiliadas, bajo el criterio de que la demanda planteada es única y no incorpora otros reclamos sectoriales.
Argollo indicó que la reciente movilización denominada “Bolivia no se vende”, que se inició el sábado en la localidad de Calamarca y concluyó este lunes en la ciudad de La Paz, permitió evidenciar una participación más amplia de sectores sociales. Señaló que a la protesta se sumaron organizaciones y ciudadanos que no forman parte de la estructura orgánica de la COB, pero que expresaron su desacuerdo con el contenido del decreto observado.
Según la posición institucional de la Central Obrera, el Decreto Supremo 5503 incluye disposiciones que permitirían que determinadas inversiones extranjeras estratégicas sean aprobadas directamente por el Órgano Ejecutivo. Para los sectores movilizados, este procedimiento excluye a la Asamblea Legislativa Plurinacional de un tema que consideran de competencia legislativa, motivo central del rechazo expresado en las movilizaciones.
Durante reuniones realizadas en la Casa Grande del Pueblo, la COB presentó a ministros de Estado una propuesta alternativa. Esta consistía en la elaboración de un decreto separado que mantuviera aspectos relacionados con la subvención a los combustibles, los bonos sociales y el incremento salarial, mientras que los demás artículos debían ser remitidos a la Asamblea para su tratamiento. De acuerdo con Argollo, esta propuesta no fue aceptada por las autoridades gubernamentales.
El dirigente sindical señaló que los sectores movilizados esperaban una reconsideración del Ejecutivo respecto al decreto cuestionado. Al no registrarse cambios en la posición oficial, el ampliado nacional ratificó la activación de la medida de presión, advirtiendo previamente sobre los efectos que podría generar en la dinámica económica y el tránsito interdepartamental.