Gobierno lamenta desinterés del sector farmacéutico en canal oficial.
Una polémica se reactivó entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), luego de que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, revelara que desde hace dos meses los laboratorios afiliados a esa organización dejaron de acudir al Banco Unión para adquirir divisas, a pesar de haberse habilitado un mecanismo específico para su provisión.
“Desde hace dos meses, los afiliados de Cifabol no van al Banco Unión a pedir dólares, cuando se habilitó un espacio exclusivo para que puedan importar insumos. Suponemos que están acudiendo a otras entidades que les ofrecen tipos de cambio de hasta 130% o más”, declaró Montenegro.
Según la autoridad económica, el propio presidente de Cifabol, Javier Lupo, participó en reuniones con el Gobierno para garantizar el suministro de dólares a través del Banco Unión. Este acuerdo permitió inicialmente que la industria pudiera abastecerse sin mayores sobresaltos, pero en las últimas semanas se habría roto unilateralmente por decisión del sector privado.
La crítica de Montenegro llega tras las declaraciones públicas de Lupo, quien denunció que el “requerimiento de 45 millones de dólares trimestrales no se ha cubierto” y que los dólares que se les entrega desde el sistema estatal “están al mismo precio del mercado paralelo”.
El ministro respondió a esas quejas con cifras y argumentos. Recordó que el Banco Unión adquiere divisas de exportadores a tasas elevadas —de 12, 13 o incluso 14 bolivianos por dólar— para luego venderlos al precio más bajo posible, en un contexto de escasez generalizada de moneda extranjera.
“Si no acudían al Banco Unión, podrían terminar pagando hasta 180% o 190% en otros bancos. Si les molestaba pagar 130%, como se hizo en Unión, siempre tuvieron la opción de ir a otra entidad, pero con precios más altos. Aun así, nosotros hicimos el esfuerzo”, añadió Montenegro.
Más allá del cruce de declaraciones, el ministro puso sobre la mesa un problema estructural: el estancamiento legislativo que impide el ingreso de nuevos recursos. Enfatizó que si la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara los 1.742 millones de dólares en créditos pendientes desde 2023, el país tendría una mayor disponibilidad de divisas, lo que aliviaría no solo al sector farmacéutico, sino también a importadores de combustibles y otras industrias clave.
El conflicto entre el Ejecutivo y Cifabol expone nuevamente la fragilidad del abastecimiento de insumos médicos en Bolivia, en un momento en que los precios del dólar paralelo siguen disparándose y las reservas internacionales se mantienen bajo presión. Mientras el Gobierno defiende su política de administración de divisas como una medida de emergencia, el sector privado reclama mayor previsibilidad y condiciones más competitivas.