Políticos de oposición y del MAS piden la detención de la profesional, en tanto que la facción evista junto a los jueces de Santa Cruz salen a defender las resoluciones de la jueza.
La detención de la jueza Lilian Moreno Cuéllar ha generado un intenso debate político y jurídico en Bolivia, con fuertes críticas desde distintos sectores que cuestionan la independencia judicial y la legalidad del procedimiento. El caso, vinculado a una resolución favorable al expresidente Evo Morales, ha reavivado tensiones entre oficialismo y oposición.
Denuncias por «pérdida de independencia judicial»
Carlos Romero, exministro de Gobierno durante la administración de Morales, fue uno de los primeros en reaccionar, calificando el operativo como un ataque a la autonomía del poder judicial. «Las autoridades judiciales se han convertido en empleados serviles del poder político», afirmó Romero, sugiriendo que la detención responde a intereses partidistas.
Desde la oposición, el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga ironizó sobre la situación: «Paradójico que a Evo Morales, que tanto usó estos mecanismos, ahora no le guste probar su propio chocolate», en referencia a la orden de aprehensión pendiente contra el líder cocalero por un caso de supuesto delito contra menores en Tarija.
Acusaciones de prevaricato y defensa legal
La diputada de Creemos, Luciana Campero, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra Moreno por prevaricato, argumentando que la jueza intentó «declinar competencias» en favor de Morales. Campero también criticó lo que llamó «mucha bondad» de la Policía al no ejecutar la orden contra el expresidente.
Por otro lado, el abogado defensor de Moreno, Silvestre Ibáñez, tachó la aprehensión de «ilegal» y denunció que su clienta fue «secuestrada» en su domicilio. «Ella no estaba evadiendo ninguna citación. Estamos analizando acciones legales», declaró.
¿Actuó la jueza «por amor a Evo»?
El exmagistrado Gualberto Cusi aseguró que Moreno emitió su polémica resolución «por amor a Morales», favoreciéndolo irregularmente. «Cuando no se actúa dentro del marco legal, corresponde investigar y sancionar», sostuvo.
Mientras, la Asociación de Magistrados de Santa Cruz (AMAGISC) cuestionó que no se haya citado previamente a declarar a la jueza. Su presidenta advirtió que evalúan «medidas legales» para defender a la colegiada.
El trasfondo político
Analistas coinciden en que este caso refleja la profunda polarización del sistema judicial boliviano. Para algunos, la detención expone una judicatura sometida al poder político; para otros, es un acto de rendición de cuentas contra funcionarios que habrían incurrido en prevaricato.
Con Morales nuevamente en el centro de la polémica y el gobierno enfrentando acusaciones de persecución, el caso Moreno parece convertirse en otro capítulo de la batalla por el control de las instituciones en Bolivia. Mientras tanto, organizaciones internacionales ya han llamado a respetar el debido proceso tanto para la jueza detenida como para el expresidente, cuyo caso sigue pendiente.
El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente crucial para el futuro de la independencia judicial en el país, en medio de crecientes tensiones políticas a menos de un año de las próximas elecciones nacionales.