Por mandato constitucional, el gobernador asistirá presencialmente a su juicio tras meses de evasivas institucionales.
Luis Fernando Camacho regresará a Santa Cruz este 25 de julio. No será una visita voluntaria, sino el resultado de una orden judicial firme que obliga al Estado boliviano a trasladarlo desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hasta su departamento de origen para comparecer en persona en el juicio oral por el caso “Decretazo”. Después de más de un año y medio de negativas, excusas logísticas y desacato institucional, la justicia finalmente impuso su autoridad.
El regreso del gobernador cruceño fue confirmado por su abogado defensor, Martín Camacho, quien explicó que el traslado fue dispuesto mediante un fallo constitucional producto de una Acción de Libertad presentada tras 14 intentos fallidos. “Desde enero se suspendieron catorce audiencias porque no se cumplía con el traslado. Hoy la justicia ha puesto las cosas en su lugar”, señaló el jurista.
La decisión no solo garantiza la participación del gobernador en el juicio, sino que representa un hito en la lucha por su derecho a un proceso justo. Camacho, que permanece recluido preventivamente desde diciembre de 2022, no había podido asistir a ninguna audiencia presencial, pese a las múltiples órdenes judiciales emitidas en su favor. Ahora, con una sentencia constitucional respaldando su presencia, el Estado se encuentra obligado a garantizar su comparecencia sin más dilaciones.
SANTA CRUZ LO VERÁ DE NUEVO
El retorno de Camacho tiene un significado que va más allá de lo jurídico. Se trata de una presencia simbólica, esperada por amplios sectores de la sociedad cruceña que consideran su detención una represalia política por su rol en la crisis de 2019. En ese contexto, su llegada a Santa Cruz para enfrentar la justicia cara a cara es también una forma de reafirmar su liderazgo regional y su condición de autoridad electa.
A pesar de su reclusión en el altiplano paceño, Camacho ha seguido ejerciendo formalmente su cargo como gobernador, una paradoja institucional que ha tensado la relación entre el Ejecutivo nacional y el gobierno departamental. Ahora, con su presencia asegurada en el juicio, sus aliados esperan recuperar protagonismo político en el departamento, y sus adversarios lo verán por primera vez rindiendo cuentas ante la justicia de su tierra.
La audiencia se llevará a cabo en el marco del proceso por el Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, cuando Camacho delegó temporalmente funciones ejecutivas al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del vicegobernador Mario Aguilera. El Ministerio Público considera que esta decisión transgredió la Constitución, mientras que la defensa la enmarca dentro de las atribuciones del cargo.
UN PROCESO DETENIDO POR LA DESOBEDIENCIA
Lo que ha mantenido estancado este juicio durante meses no ha sido una falta de pruebas ni de voluntad del tribunal, sino la reiterada negativa del Régimen Penitenciario a ejecutar las órdenes de traslado. Desde enero de 2024, cada intento de instalar el juicio fracasó por razones logísticas: ausencia de pasajes, falta de combustible, supuestos bloqueos de carreteras y restricciones presupuestarias. En todos los casos, la justicia instruyó el cumplimiento del traslado, pero fue desobedecida.
El reciente fallo constitucional cambia ese panorama. Según establece la sentencia, la negativa a cumplir esta vez implicaría la comisión de delitos como el incumplimiento de deberes y la desobediencia a resoluciones judiciales. En otras palabras, el Estado ya no tiene margen de maniobra: debe ejecutar el traslado y garantizar la presencia del gobernador en Santa Cruz.
El tribunal del caso ha sido categórico en señalar que las audiencias deben desarrollarse de manera presencial, rechazando los intentos del Gobierno central de que el juicio se realice de forma virtual. “El traslado es un derecho del acusado y una obligación del Estado”, afirmó la defensa.
OTROS FRENTES ABIERTOS PARA EL GOBERNADOR
Aunque el caso “Decretazo” ha ganado notoriedad por su estancamiento, no es el único proceso que enfrenta Camacho. También está imputado por el caso “Golpe de Estado I”, por el cual fue detenido en diciembre de 2022. En ese expediente, la fase probatoria ha concluido, y solo resta la etapa de alegatos finales antes de que se dicte sentencia.
Asimismo, enfrenta cargos en el caso del “carro bombero”, por presuntas irregularidades en la compra de un vehículo de emergencia valuado en Bs 1.730.000. En este proceso, las audiencias aún no han podido instalarse por ausencias reiteradas de los denunciantes y falta de coordinación entre las partes. También está en curso un proceso vinculado al paro cívico de los 36 días en Santa Cruz en 2019, que aún no ha llegado a juicio por pendientes procesales.