El Fiscal de Materia Rolando Sánchez, de la Fiscalía de Pando en Cobija, obligó al equipo de prensa de la televisora universitaria TVU Canal 21 a borrar imágenes de un operativo policial en centros nocturnos y moteles de la ciudad. Además de obligar a borrar las imágenes, el fiscal también agredió verbalmente a los periodistas y amenazó con confiscar sus equipos de trabajo.

El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando esta autoridad judicial atentó contra la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos de la capital del departamento de Pando.

El fiscal, Rolando Sánchez, amenazó y amedrentó al equipo de TVU, exigiéndoles que eliminaran las imágenes de la persecución policial y la captura de una adolescente que se encontraba trabajando en un lenocinio.

“Fuimos invitados por el Comando de la Policía a realizar este operativo, pero a las cuatro de la madrugada ocurrió el incidente con el fiscal, que ante el temor de la periodista que me acompañaba, tuvimos que acceder a borrar las imágenes… El fiscal antes de que se borren las imágenes conversó con los administradores de un lenocinio y al parecer llegó a un acuerdo, encima le dice a la policía que no se deben invitar a la prensa a este tipo de operativos”, relató Carmelo Cartagena, camarógrafo que estuvo presente en el operativo.

Este acto de censura fue condenado enérgicamente por las asociaciones periodísticas, quienes lo califican como un grave atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos garantizados por la Constitución Política del Estado.

En la denuncia presentada por los periodistas afectados, señalan que la obligación de borrar las imágenes de la menor vulnera el derecho de la ciudadanía a la información y la transparencia en las acciones de las autoridades.

Es importante destacar que las imágenes grabadas por TVU no mostraban el rostro de la menor, ya que los periodistas resguardaron su identidad y confidencialidad, cumpliendo con el Código Niña, Niño y Adolescente.

Este tipo de acciones de funcionarios públicos no solo son ilegales, sino que también buscan silenciar a la prensa y obstaculizar su labor informativa. Por ello, se hace un llamado a la comunidad en general a estar alerta ante este tipo de atropellos contra la libertad de expresión y a defender el derecho de todos los ciudadanos a acceder a información veraz y oportuna.