Las autoridades municipales de las nueve capitales y El Alto aprobaron una agenda conjunta para exigir el 50/50, recuperar recursos del IDH y participar en el nuevo pacto fiscal.
Los alcaldes de las nueve capitales departamentales y de El Alto dieron plazo al Gobierno de Rodrigo Paz hasta el viernes 13 de noviembre para aprobar un decreto supremo que permita actualizar los precios de las obras públicas y evitar que los mayores costos de ejecución afecten los proyectos y servicios municipales. La exigencia forma parte de un paquete de decisiones asumidas este lunes en una reunión de emergencia convocada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), en La Paz.
Las autoridades acordaron presentar una posición común frente al Ejecutivo, con demandas que incluyen la redistribución de los recursos públicos mediante el esquema 50/50, la devolución de fondos retenidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la participación municipal en la elaboración de la nueva ley de coparticipación tributaria.
DECRETO PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, informó que el decreto de actualización de precios es una de las solicitudes urgentes al Gobierno. El incremento del diésel, que pasó de aproximadamente Bs 9 a Bs 18, elevó los costos de construcción y operación de los servicios que dependen de maquinaria y transporte.
La variación afecta particularmente a los contratos de infraestructura, el recojo de residuos sólidos y el aseo urbano. Por esa razón, los municipios reclaman una disposición que permita adecuar los precios de los contratos a las nuevas condiciones económicas.
«Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios», manifestó Tardío al presentar los resultados del encuentro.
PROPONEN DISTRIBUCIÓN GRADUAL HASTA 2030
Otro de los acuerdos establece impulsar una redistribución de los ingresos públicos bajo el modelo 50/50. El alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó una propuesta para aplicar el cambio en cuatro etapas hasta 2030.
El planteamiento contempla que, del 50% destinado a los gobiernos subnacionales y las universidades, los municipios reciban el 36%, las gobernaciones el 6,7% y las universidades el 7,3%. El porcentaje restante, equivalente al otro 50% de los recursos considerados en el esquema, permanecería bajo administración del Gobierno central.
«Nuestra propuesta sugiere que lleguemos al año 2030 en cuatro etapas», explicó Dockweiler.
Los alcaldes también resolvieron exigir participación directa en la elaboración del anteproyecto de ley especial de coparticipación tributaria y en las negociaciones para establecer un nuevo pacto fiscal.
RECLAMAN DEVOLUCIÓN DE RECURSOS Y ALIVIO FINANCIERO
La agenda municipal incorpora la restitución del 12% del IDH retenido durante 2025 y la suspensión de nuevas retenciones para 2027. El presidente de la AMB, Mauricio Barba, planteó tres alternativas: devolver los montos descontados, suspender la retención durante la próxima gestión o establecer un mecanismo de devolución progresiva.
También se propuso que el Tesoro General de la Nación asuma el pago del bono para personas con discapacidad, revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario de las obligaciones nacionales que actualmente financian las alcaldías.
Los municipios acordaron trabajar en un programa de readecuación financiera para revisar sus deudas y préstamos, además de analizar modificaciones al régimen laboral municipal y mecanismos para fortalecer sus ingresos propios.
La agenda incluye igualmente demandas relacionadas con el financiamiento de los servicios de salud, la actualización del Sistema Único de Salud y el retorno de la inspección técnica vehicular a la administración municipal.
Las autoridades fijaron el lunes 16 de noviembre como fecha para una nueva reunión, en la que prevén evaluar la respuesta del Ejecutivo e incorporar a representantes del Gobierno central.
