El Ejecutivo confirmó que acompaña la propuesta para legalizar vehículos indocumentados, aunque limitó el beneficio a unidades sin antecedentes ilícitos y con el pago total de impuestos y sanciones.
El Gobierno manifestó su respaldo a la propuesta para nacionalizar los vehículos indocumentados que circulan en Bolivia y anticipó que el proceso solo podrá aplicarse a motorizados cuya procedencia sea legal y cuyos propietarios regularicen todas las obligaciones pendientes con el Estado. La posición fue expresada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza.
La iniciativa fue planteada por el diputado de Libre, Reynado Seas, y recibió una respuesta favorable del Ejecutivo bajo una serie de condiciones que, según el ministro, deberán cumplirse antes de cualquier proceso de regularización.
«Entiendo que esta es una propuesta de un diputado de Libre, a lo cual se le ha dicho que nosotros estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos», afirmó Espinoza.
El ministro aclaró que el respaldo gubernamental no incluye a vehículos que tengan origen ilícito o que estén relacionados con investigaciones penales. Señaló que tampoco podrán acceder a la nacionalización aquellos motorizados reportados como robados o involucrados en delitos cometidos tanto en Bolivia como en otros países.
«No se nacionaliza lo producto de lo ilícito, vehículos robados, vehículos que sean identificados y que tengan procesos penales o que hayan sido parte de algún tipo de ilícito, ya sea en Bolivia o en el exterior», sostuvo.
Espinoza explicó que otro requisito será el cumplimiento de las obligaciones tributarias que fueron omitidas cuando esos vehículos ingresaron al territorio nacional. A ello se sumará el pago de una multa económica prevista dentro del mecanismo de regularización.
«Obviamente se debe pagar los tributos que se han omitido y se debe pagar algún tipo de multa, porque evidentemente esto también forma parte del desincentivo que tiene que ver a la inserción de vehículos indocumentados», señaló.
La autoridad justificó la propuesta indicando que los autos chutos utilizan carreteras, consumen combustibles distribuidos en el mercado nacional y forman parte de la circulación diaria, pese a permanecer fuera del sistema tributario. También recordó que muchos no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), situación que genera riesgos para otros usuarios de las vías.
«Consumen todos los recursos que consume el sector formal, pero no pagan impuestos, no tienen SOAT, actualmente representan un peligro para la circulación nacional y obviamente tienen varias deficiencias. Entonces, lo lógico y lo que habíamos planteado desde el inicio, es que tiene que haber un proceso de regularización», indicó.
Espinoza añadió que el Gobierno considera que esta regularización debe ser excepcional y advirtió que posteriormente deberán fortalecerse los controles para evitar el ingreso de nuevos vehículos indocumentados. «Evidentemente no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados al país», concluyó.
