Las dos instituciones coincidieron en que Bolivia atraviesa un momento delicado y demandaron decisiones responsables para evitar mayores tensiones, proteger a la población y restablecer canales de entendimiento.
Frente al aumento de la conflictividad social que afecta a distintas regiones del país, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que instan a las autoridades, organizaciones sociales y sectores movilizados a priorizar el diálogo como mecanismo para encauzar las diferencias y evitar una profundización de la crisis.
La declaración surge en medio de un escenario marcado por bloqueos, protestas y confrontaciones que han generado preocupación por sus efectos sobre la población. Ambas instituciones consideran que el país requiere acciones inmediatas orientadas a la construcción de consensos y a la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento mutuo.
En el documento, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo sostienen que el diálogo debe convertirse en el principal instrumento para resolver los desacuerdos existentes. Señalan que la concertación permite generar respuestas sostenibles y contribuye a preservar la estabilidad social, evitando que los conflictos deriven en escenarios más complejos.
Las entidades afirman que la convivencia democrática exige capacidad de escucha y respeto hacia las distintas posiciones. Bajo esa premisa, remarcan que los acuerdos solo pueden construirse cuando existe voluntad de acercamiento entre las partes y disposición para considerar las necesidades de todos los sectores involucrados.
El pronunciamiento también hace énfasis en la necesidad de abandonar posiciones rígidas que impidan o retrasen la apertura de espacios de negociación. Según ambas instituciones, la persistencia de posturas cerradas agrava los problemas existentes y posterga respuestas que la ciudadanía espera con urgencia.
Para la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, la situación actual demanda gestos concretos de responsabilidad por parte de quienes tienen capacidad de decisión. En ese sentido, consideran que la búsqueda de puntos de encuentro debe prevalecer sobre cualquier interés particular que contribuya a mantener la confrontación.
Otro de los aspectos destacados en la declaración es el rechazo categórico a toda manifestación de violencia. Las instituciones advierten que la fuerza, la intimidación o la coerción no representan caminos válidos para resolver diferencias y, por el contrario, incrementan los riesgos de una mayor fractura social.
Asimismo, alertan que los enfrentamientos ponen en peligro derechos fundamentales, especialmente la vida y la integridad de las personas. Por ello, subrayan que la protección de la ciudadanía debe constituir una prioridad para todos los actores que participan en el actual escenario de tensión.
La Iglesia Católica y la Defensoría también expresan preocupación por las consecuencias que puede dejar una confrontación prolongada. Advierten que los conflictos no resueltos generan heridas profundas en la sociedad y debilitan los vínculos de confianza necesarios para la convivencia pacífica.
En esa línea, ambas instituciones reiteran su voluntad de contribuir a la creación de espacios de acercamiento que permitan restablecer el diálogo entre los sectores enfrentados. Consideran que la construcción de acuerdos es una tarea urgente para evitar un mayor deterioro del clima social.
IGLESIA Y DEFENSORÍA URGEN A FRENAR LA ESCALADA DEL CONFLICTO Y ABRIR ESPACIOS DE ACUERDO
