La llegada de la Marcha por la Vida elevó la tensión en la sede de gobierno. Sectores sociales denuncian amenazas, controles policiales y una estrategia destinada a frenar la protesta popular.
La tensión política volvió a instalarse en La Paz tras las advertencias lanzadas por el Gobierno y la Policía Boliviana contra los sectores sociales que este lunes ingresan a la sede de gobierno con la denominada “Marcha por la Vida”, movilización que reúne a organizaciones campesinas, interculturales y grupos afines al expresidente Evo Morales.
Las amenazas de arrestos y posibles intervenciones policiales fueron difundidas horas antes de la llegada de los marchistas, en medio de un creciente descontento social provocado por la crisis económica, la falta de combustibles y el deterioro de las condiciones de vida en varias regiones del país.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que el derecho a la protesta no permite cometer delitos y advirtió que las personas involucradas en hechos violentos serán procesadas penalmente. Sus declaraciones se dieron durante la presentación de un ciudadano acusado de trasladar material explosivo presuntamente destinado a grupos movilizados.
De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo se secuestraron mechas y explosivos de alto poder. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionaron la forma en que el Gobierno expuso el caso, señalando que se intenta construir un relato para justificar una posible intervención policial contra miles de personas que marchan de manera pacífica.
“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, declaró Paredes, quien además anunció que el Ejecutivo pedirá sanciones contra cooperativas o empresas mineras cuyos explosivos aparezcan vinculados a protestas.
En distintos sectores de La Paz, la presencia policial aumentó durante las últimas horas. Controles en carreteras, vigilancia en accesos urbanos y despliegues de efectivos en puntos estratégicos generaron preocupación entre vecinos y manifestantes, quienes consideran que existe una intención de contener las protestas mediante presión policial antes que mediante diálogo.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, aseguró que los operativos recientes fueron realizados sin armas letales, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar intervenciones si la situación se sale de control.
“La Policía Boliviana está para preservar la vida. No queremos hacer uso de la fuerza, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y proporcional”, afirmó Sokol.
Las palabras del jefe policial encendieron aún más el clima de preocupación entre sectores movilizados, que recuerdan anteriores conflictos sociales donde las intervenciones terminaron con heridos, persecuciones y detenciones. Dirigentes campesinos denunciaron que el Gobierno intenta desacreditar la protesta popular asociándola permanentemente con hechos violentos aislados.
GOBIERNO CERCA LA PAZ Y ADVIERTE REPRESIÓN A MOVILIZADOS
