Delegaciones indígenas y campesinas continúan movilizadas en La Paz mientras legisladores de Santa Cruz cierran filas para impedir la abrogación de la Ley 1720 observada por vulnerar derechos territoriales.
La decisión de la mayoría de los legisladores y senadores de Santa Cruz de sostener la Ley 1720 provocó una nueva ola de rechazo entre organizaciones indígenas y campesinas que llegaron desde Beni y Pando hasta la sede de gobierno para exigir la eliminación definitiva de la norma. Las movilizaciones permanecen activas y los dirigentes anunciaron que no abandonarán la vigilia hasta que el Senado apruebe la abrogación total.
La tensión aumentó después de que representantes de la Brigada Parlamentaria cruceña confirmaran públicamente que impulsarán acciones políticas y legislativas para evitar que la ley sea anulada. Para los sectores movilizados, esa postura demuestra que parte de la representación parlamentaria decidió responder a intereses regionales y productivos antes que atender las demandas de las comunidades indígenas que denuncian afectaciones sobre sus territorios.
Las organizaciones campesinas sostienen que la Ley 1720 avanzó sin una consulta amplia y sin escuchar observaciones de los pueblos indígenas. Según los movilizados, el problema no solo radica en el contenido de la norma, sino también en la forma en que fue impulsada dentro de la Asamblea Legislativa.
Desde los puntos de vigilia instalados en La Paz, dirigentes indígenas ratificaron que la presión continuará mientras el proyecto de abrogación siga pendiente en la Cámara de Senadores.
“Un paso ya hemos dado, se ha abrogado en Diputados, ahora va a pasar a senadores”, manifestó Víctor Hugo Roca, ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), al referirse a la aprobación registrada en la Cámara Baja.
El dirigente también remarcó que las organizaciones permanecerán “en estado de emergencia” hasta que el proceso concluya completamente y adelantó que se trabajará en una nueva propuesta legal donde participen todos los sectores involucrados.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de abrogación durante su 106° Sesión Ordinaria. La presidenta en ejercicio de esa instancia, Daniela Cabrera, confirmó la remisión del documento al Senado para fines de revisión constitucional. Sin embargo, el avance legislativo generó inmediata reacción en Santa Cruz.
El senador Fernando Pareja, presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, anunció que la bancada regional buscará impedir la eliminación de la Ley 1720 y adelantó conversaciones con otras fuerzas políticas para consolidar respaldo en la Cámara Alta.
“Vamos a defender que no abroguen la Ley 1720”, declaró el legislador, al confirmar la posición asumida por la brigada parlamentaria.
Las declaraciones fueron interpretadas por las organizaciones movilizadas como un intento de bloquear una demanda que surgió desde pueblos indígenas y sectores campesinos que denuncian vulneración de derechos territoriales y falta de socialización de la norma.
La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz formalizó además una resolución de cinco puntos respaldada por 43 de los 44 legisladores presentes. El documento declara al bloque legislativo en estado de emergencia y ratifica apoyo pleno a la ley observada.
En la resolución también se expresa respaldo a sectores productivos, instituciones cívicas y organizaciones regionales que buscan mantener vigente la normativa. Asimismo, se exige al Gobierno nacional no intervenir en el Órgano Legislativo y preservar la “seguridad jurídica” vinculada al régimen agrario y productivo.
Para dirigentes indígenas y campesinos, el discurso sobre seguridad jurídica deja de lado los reclamos históricos de comunidades que siguen esperando procesos de titulación, protección territorial y consulta previa.
La única legisladora que rechazó el pronunciamiento de respaldo fue la diputada Diana Romero. Durante la sesión, afirmó que la Ley 1720 no fue suficientemente socializada y advirtió observaciones constitucionales.
“Se violó el artículo 30 de la Constitución Política del Estado”, sostuvo Romero al justificar su voto a favor de la abrogación.
La diputada también recordó que las actuales movilizaciones y bloqueos son consecuencia de decisiones tomadas sin consenso nacional y sin escuchar a todos los departamentos y sectores afectados.
Mientras tanto, dirigentes cívicos y autoridades departamentales de Santa Cruz reforzaron su coordinación política para sostener la vigencia de la ley. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, confirmó reuniones con el Comité pro Santa Cruz para consolidar una agenda común de respaldo al modelo productivo regional.
Desde las organizaciones indígenas, esas acciones son vistas como una alianza política orientada a proteger intereses económicos antes que resolver las demandas de los pueblos movilizados.
En las vigilias instaladas en La Paz, los marchistas aseguran que la abrogación de la Ley 1720 se convirtió en una causa que supera el conflicto regional. Los dirigentes sostienen que el problema refleja una disputa más profunda sobre la tierra, la representación política y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas en Bolivia.