El asesinato de Víctor Hugo Claure desata denuncias por desprotección, presión institucional y cuestionamientos al Gobierno, mientras crecen las alertas por la expansión del sicariato en Santa Cruz.
El decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, fue asesinado la noche del jueves en Santa Cruz de la Sierra tras un ataque directo ejecutado por sicarios.
El crimen generó reacciones inmediatas en el sistema judicial y en el ámbito político. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su rechazo y denunció una falta de seguridad en el país. A través de redes sociales, afirmó que el hecho refleja una “ausencia de Estado” frente al avance del sicariato.
Saucedo también pidió que la investigación se realice con rapidez y transparencia, y cuestionó la falta de presencia del ministro de Gobierno en la conducción del caso. Señaló que, por la gravedad del hecho y la investidura de la víctima, el operativo debería estar encabezado directamente por la máxima autoridad del área de seguridad.
En declaraciones posteriores, el titular del TSJ sostuvo que existe preocupación dentro del Órgano Judicial por la falta de garantías para el ejercicio de funciones. Indicó que el asesinato de una autoridad judicial en estas condiciones evidencia un escenario de vulnerabilidad institucional.
Desde el Legislativo, el senador Leonardo Roca coincidió en que el sicariato está afectando al Estado, pero agregó que el problema también tiene raíces dentro del sistema judicial. En un pronunciamiento público, afirmó que existen prácticas irregulares que debilitan la justicia y generan desconfianza en la población.
El Comité Cívico pro Santa Cruz también se pronunció mediante un comunicado. La institución advirtió que el sicariato ya no es un fenómeno aislado y que se ha instalado en la ciudad. Señaló que grupos vinculados a actividades ilegales operan con mayor presencia y que la falta de control estatal facilita su accionar.
En ese contexto, el pronunciamiento cívico alertó sobre posibles vínculos entre disputas por tierras y actividades del narcotráfico, factores que —según indicaron— estarían incrementando los niveles de violencia. Además, cuestionó la capacidad de respuesta de las autoridades frente a estos hechos.
El asesinato de Claure ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de hechos violentos en Santa Cruz. Autoridades y representantes de distintos sectores coinciden en la necesidad de esclarecer el caso y dar con los responsables en el menor tiempo posible.
Las investigaciones continúan bajo reserva, mientras se analizan las imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados en el lugar del ataque. La Policía no ha informado hasta el momento sobre aprehensiones vinculadas al caso.
SICARIATO AGRAVA CRISIS DE SEGURIDAD ESTATAL
