Gobierno cambia versión y anuncia despidos masivos tras denuncias de sabotaje.
La crisis por el combustible defectuoso distribuido en Bolivia puso en evidencia debilidades en los controles de YPFB y decisiones tardías del Gobierno. Lo que comenzó con fallas mecánicas en vehículos terminó en un escándalo político y administrativo.
Choferes de transporte público, interprovincial y particular reportaron daños graves en motores. Talleres mecánicos coincidieron en diagnósticos: residuos y obstrucciones en sistemas de inyección. La cifra oficial de afectados llegó a cerca de 2.000 vehículos.
En los primeros días, YPFB defendió la calidad del producto, respaldándose en informes de Camin Cargo Control Argentina S.A., empresa contratada por Bs 8,1 millones para supervisar 45 plantas. Sin embargo, el combustible contaminado llegó a surtidores, cuestionando la eficacia de los controles.
Posteriormente, la estatal admitió la presencia de goma y manganeso en tanques de Santa Cruz, Trinidad y Oruro, además de volúmenes residuales almacenados en Arica y la frontera con Argentina.
El presidente Rodrigo Paz endureció el discurso al denunciar sabotaje interno y mafias enquistadas en YPFB. Anunció la desvinculación de más de 300 funcionarios y reveló movimientos administrativos irregulares para proteger privilegios. Varios implicados ya enfrentan detención preventiva.
El Ministerio de Hidrocarburos activó un seguro solidario para cubrir daños a los vehículos afectados, mientras talleres habilitados evaluarán cada caso.
En la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edmand Lara anunció un pliego interpelatorio contra el ministro Mauricio Medinaceli, reactivando la fiscalización parlamentaria y elevando la crisis a un nuevo nivel político.
