La situación jurídica del expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, ingresó en una fase de alta tensión institucional luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su presidente Rómer Saucedo, ratificara que no corresponde un juicio de responsabilidades y que el proceso debe desarrollarse por la vía ordinaria. La decisión, sustentada en que los hechos del caso Fondo Indígena datan de 2009 —cuando Arce ejercía como ministro— ha provocado un debate intenso sobre la coherencia interna del sistema judicial.
Saucedo sostuvo que Arce fue imputado “por su condición de ministro” y que, por esa razón, no goza de las prerrogativas que tendría como expresidente en un juicio de responsabilidades. La afirmación fue tajante: el tratamiento del caso no trasladará la investidura presidencial hacia hechos pretéritos. Sin embargo, este criterio contrasta con el adoptado en el caso de Jeanine Añez, cuando el TSJ anuló un proceso ordinario argumentando exactamente lo contrario: que debía ser procesada como expresidenta, pese a que los sucesos por los cuales era investigada correspondían a su etapa como senadora.
Esa tensión entre decisiones pasadas y presentes ha reavivado las sospechas de selectividad en la aplicación de la ley. Organizaciones de la sociedad civil y analistas jurídicos observan que el razonamiento del TSJ parece modificarse en función de quién se encuentra en la mira procesal. Para muchos ciudadanos, el contraste entre ambos casos erosiona la credibilidad de la justicia y refuerza la percepción de que no existe un criterio unificado.
Arce permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) luego de haber sido aprehendido en Sopocachi por una ampliación de la investigación del caso Fondo Indígena. Según la Fiscalía, él habría autorizado desembolsos que posteriormente terminaron en cuentas personales de dirigentes de organizaciones sociales. El Ministerio Público pidió su detención preventiva por tres meses en el penal de Qhalauma y sostiene que la imputación está debidamente fundamentada.
Desde el entorno político del exmandatario, la reacción fue inmediata. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la aprehensión constituye un “acto de secuestro avalado por el aparato judicial” y reiteró que la vía correcta es un juicio de responsabilidades. Sus declaraciones, no obstante, fueron desestimadas por Saucedo, quien insistió en que la normativa es clara para los ministros de Estado y que el tratamiento ordinario es obligatorio.