El Ministerio Público avanza en operativos y recolección documental. La ANH aplica cambios administrativos y promete mayor control para evitar desvíos y autorizaciones irregulares de combustibles.
La investigación sobre corrupción en el sector hidrocarburífero avanza con medidas simultáneas en oficinas públicas y cambios administrativos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A raíz de denuncias recibidas a inicios de año, se abrió una indagación que involucra permisos de transporte, distribución y entrega de carburantes que habrían sido otorgados sin cumplir los requisitos establecidos.
La directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala, informó que la entidad ejecuta una reestructuración interna destinada a reforzar los controles. Según detalló, más de un centenar de empleados fueron removidos de sus cargos. La autoridad aseguró que se trata de una acción preventiva que permitirá reducir los riesgos de irregularidades en los procesos administrativos y operativos que maneja la institución.
Ayala señaló que la revisión de procedimientos incluye la inspección de autorizaciones emitidas en el periodo investigado. El objetivo es identificar a los responsables de decisiones que habrían facilitado el desvío de combustibles a destinos no autorizados. También se anunció la implementación de herramientas adicionales para supervisar la cadena logística que conecta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con estaciones de servicio en todo el país.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa realizando allanamientos en diferentes departamentos. Dentro de esa acción, fueron intervenidas oficinas de la ANH en busca de pruebas documentales sobre la salida irregular de al menos 14 cisternas reportadas en febrero. Los fiscales solicitaron información sobre permisos, rutas autorizadas y registros de abastecimiento relacionados con esos vehículos.
De manera paralela, YPFB fue objeto de operativos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. En cada punto, los agentes secuestraron archivos y equipos informáticos que se analizan para determinar si existieron acuerdos internos que facilitaron movimientos no controlados de carburantes. Las intervenciones resultaron en detenciones preventivas de funcionarios vinculados a la cadena de distribución.
En la planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, se detuvo a empleados que habrían participado en el desvío de producto hacia surtidores. En Santa Cruz se reportaron situaciones similares. En Cochabamba, además de la incautación de documentos, se aprehendió a un funcionario acusado de solicitar pagos irregulares para favorecer a una empresa en procesos de contratación. Y en Oruro se revisan contratos relacionados con la construcción de tanques de almacenamiento, donde se sospecha la existencia de sobreprecios.
Las autoridades indicaron que las acciones continuarán mientras existan indicios de participación de servidores públicos en actos que perjudiquen al Estado. Las pesquisas buscan no solo sancionar a los responsables, sino también establecer nuevos lineamientos que garanticen integridad en toda la logística de combustibles.