La institución admitió implícitamente que conocía de las comisarías de tránsito irregulares usadas utilizadas para extorsionar, tolerando a sus funcionarios abusar de la población
La Policía Boliviana reconoció que sabía de la existencia de comisarías de tránsito ilegales que operaban al margen de la ley y eran usadas para extorsionar a ciudadanos. La admisión evidencia que la institución toleró estas prácticas durante años, sin actuar de manera inmediata para proteger a la población.
Inicialmente, el Comando General había anunciado el cierre de todas las comisarías de tránsito en el país. Sin embargo, rectificó su decisión y determinó clausurar únicamente las unidades irregulares o vinculadas a hechos de extorsión, dejando abiertas las comisarías oficiales. Esta rectificación plantea dudas sobre la supervisión institucional y la responsabilidad de los altos mandos frente a las prácticas ilegales.
Mediante el Memorándum Circular Nro. 82, la Policía establece que las divisiones de tránsito deben depender directamente de las direcciones departamentales y elimina cualquier operación autónoma. La medida se enmarca en la campaña interna contra la corrupción liderada por el nuevo comandante general, Mirko Sokol, que busca recuperar la confianza ciudadana y asegurar transparencia en los servicios policiales.
En su comunicado, la Policía asegura que ningún efectivo está autorizado a cobrar dinero a los ciudadanos ni entre miembros de la institución. No obstante, no se detalla si los responsables de las comisarías irregulares eran oficiales, suboficiales o personal externo, ni si se abrirán procesos disciplinarios o penales. La falta de información mantiene un vacío sobre la rendición de cuentas y refuerza la percepción de tolerancia institucional frente a la extorsión.
A pesar de la rectificación y los anuncios de supervisión, persiste la incertidumbre sobre la sanción a los responsables y la reparación del daño a los ciudadanos afectados.
