Chuquisaca abre caso contra magistrados autoprorrogados del TCP por falsedad ideológica y acoso político; denuncia presentada por magistradas electas en 2024 busca frenar irregularidades y exigir rendición de cuentas inmediata.
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió este viernes la denuncia presentada por las magistradas Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca contra los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan en funciones tras prórrogas de mandato consideradas ilegales. La acusación apunta a la comisión de falsedad ideológica y al ejercicio de acoso político contra mujeres, delitos que ahora serán investigados por un fiscal especializado.
La resolución fiscal, confirmada por la denunciante Laura Villca, instruye que los magistrados implicados sean procesados por la vía ordinaria, dejando de lado el juicio de responsabilidades reservado para magistrados. Esta decisión refleja la seriedad de las imputaciones y el intento de establecer responsabilidades penales concretas.
Según el documento, los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. La fiscal Jhenny Torrico Delgadillo ordenó que la investigación preliminar sea coordinada con la Policía Boliviana, con el objetivo de esclarecer la presunta comisión de los delitos y recabar todas las pruebas pertinentes.
Las magistradas denuncian que la extensión irregular de mandatos, que debía concluir en 2023, vulneró la Constitución y permitió la permanencia de los jueces en funciones sin respaldo legal. La apertura de la investigación busca poner fin a lo que consideran una práctica sistemática de autoprorrogas dentro del TCP, que debilita la institucionalidad y afecta la confianza pública en el sistema judicial.
La Unidad de Análisis del Ministerio Público instruyó al Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Chuquisaca a dar inicio inmediato a las diligencias, marcando un primer paso decisivo en un proceso judicial que promete tensión y repercusiones políticas.