La controversia por una sentencia ejecutoriada contra el ministro Freddy Vidovic profundiza la crisis en el Ejecutivo y coloca al presidente Rodrigo Paz ante una decisión clave para la estabilidad gubernamental.
El Gobierno experimenta una escalada de incertidumbre política tras conocerse que el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, cuenta con una sentencia ejecutoriada de 2015 que ahora pone en riesgo su continuidad en el gabinete. La revelación, confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, desencadenó un choque institucional que golpea al Ejecutivo en un momento en el que el presidente Rodrigo Paz apenas comienza a consolidar su equipo de trabajo.
La tensión se originó después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su presidente Romer Saucedo, dispusiera la verificación de los antecedentes judiciales de todas las autoridades del nivel central. En esa revisión apareció una condena emitida en mayo de 2015 por el entonces juez Román Cordero, quien aprobó un procedimiento abreviado solicitado por el propio Vidovic, dejando firme una pena de tres años por favorecimiento a la evasión y cohecho activo.
Según Oviedo, el fallo cumple todos los elementos para ser considerado ejecutoriado y vigente. Remarcó que este tipo de sentencias implica la suspensión de derechos ciudadanos, lo que automáticamente inhabilita a la autoridad para ejercer funciones en el aparato estatal. “Es un efecto directo de la normativa. Un funcionario con sentencia ejecutoriada no puede ocupar cargos públicos”, sostuvo ante los medios.
El informe fue remitido al presidente Paz, quien tendrá que evaluar la continuidad del ministro de Justicia, mientras las repercusiones crecían minuto a minuto. Lo que más llamó la atención dentro del Ejecutivo fue que la sentencia no aparece registrada en el Rejap, una irregularidad que abrió nuevas dudas y que, según Oviedo, amerita una investigación específica. Para la autoridad de Gobierno, esta ausencia sugiere que hubo manipulación o negligencia en gestiones pasadas.
Vidovic respondió rápidamente. En un comunicado extenso, negó haber admitido responsabilidad penal y aseguró que el proceso fue producto directo de persecución política durante el gobierno del MAS. Recordó que en 2015 ejercía como abogado en el caso Belaúnde y que fue sometido a presiones, detenciones arbitrarias y torturas. Explicó que el juicio abreviado al que accedió no reflejaba culpabilidad, sino un intento de sobrevivir dentro de un sistema judicial que —según sus palabras— se utilizaba como mecanismo de intimidación.
“El procedimiento abreviado no fue una admisión de culpa. Era una salida desesperada dentro de un contexto represivo”, señaló. También insistió en que nunca fue notificado de manera formal con la sentencia y denunció irregularidades en cada etapa del proceso. En su evaluación jurídica, la pena ya no debería tener efectos, debido a que fue suspendida condicionalmente y han pasado más de ocho años desde su emisión.
Para respaldar su postura, Vidovic citó el artículo 234 de la Constitución, que establece causales específicas de inhabilitación para cargos públicos. Afirmó que solo se aplica la restricción cuando una sentencia ejecutoriada está pendiente de cumplimiento, lo que —según sostiene— no corresponde a su situación. Anunció, además, que presentará un recurso extraordinario de revisión de sentencia para que se revaloricen los hechos y se reevalúen las condiciones en las que fue sometido al proceso penal.
La controversia, lejos de limitarse al ámbito jurídico, abrió un frente político dentro del propio Ejecutivo. El vicepresidente Edmand Lara expresó su respaldo a Vidovic y recordó que su gestión impulsa acciones firmes contra la corrupción. Aunque aún no emitió un pronunciamiento oficial, su posición fue interpretada como un llamado a la prudencia y a no apresurar una decisión que podría profundizar las tensiones internas del gobierno. Este apoyo implícito también dejó entrever un posible distanciamiento con el presidente Paz y con sectores del PDC.
Mientras tanto, puertas adentro del palacio de gobierno la preocupación es evidente. La disputa entre los ministerios de Gobierno y Justicia se convirtió en un inesperado foco de conflicto, generando interrogantes sobre la coherencia interna del gabinete y sobre la capacidad del presidente para gestionar diferencias dentro de su propio equipo.
Analistas políticos sostienen que la decisión que tome Paz será determinante para la estructura del gobierno. Por un lado, una eventual destitución de Vidovic podría enviarlo a una crisis interna con la facción que respalda al ministro. Por otro, mantenerlo en el cargo podría exponer al Ejecutivo a cuestionamientos sobre la ética pública y el cumplimiento de la normativa estatal.