Un recurso legal presentado en Beni cuestiona la continuidad de magistrados y autoridades judiciales electas en 2024, señalando posibles vulneraciones a la seguridad jurídica y al orden democrático vigente.
En Trinidad, Beni, un nuevo capítulo de tensión se abre en el ámbito judicial. El abogado Percy Claure Cuellar presentó una acción popular dirigida a suspender a magistrados que habrían extendido su mandato automáticamente y a las autoridades elegidas en las elecciones judiciales de diciembre de 2024. La Sala Constitucional Segunda del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía, tiene a su cargo este proceso, que continúa abierto pese a que la audiencia prevista para el jueves pasado fue postergada.
El recurso denuncia que la autoprórroga de algunos magistrados afecta derechos colectivos, como la seguridad jurídica y la estabilidad de las instituciones democráticas. Entre los señalados se encuentran Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas. Claure solicita que todos los actos emitidos después del 31 de diciembre sean declarados nulos y que los magistrados electos en 2024 cesen de inmediato, además de instar a la Asamblea Legislativa a iniciar un nuevo proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un plazo no mayor a 90 días.
La presentación del recurso generó alarma dentro del Órgano Judicial. Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura expresaron inquietud por las implicaciones de la demanda. Laura advirtió un posible conflicto de intereses, recordando que el demandante mantiene relación profesional con el vocal Charles Mejía, quien encabeza la sala que evalúa la acción. “Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y amparo constitucional presentadas, lo que evidencia una relación directa con él”, afirmó Laura, citada por el periódico La Patria.
Por su parte, Prudencio defendió la validez del proceso de preselección y la voluntad de los votantes, rechazando la intención de desconocer los resultados de la elección judicial. “Se pretende desconocer el voto popular alegando irregularidades en la preselección”, señaló, subrayando la tensión entre legalidad y percepción ciudadana.
El escenario se complica por la discusión sobre la reforma judicial y el uso de la fuerza pública como alternativa para resolver disputas sobre la continuidad de magistrados. Diputados que asumirán próximamente en la Asamblea Legislativa aseguraron contar con consensos internos para completar la elección judicial del TCP, aunque no descartan la vía de la reforma. “Existen múltiples opciones, pero la primera es garantizar el cumplimiento con la fuerza pública si fuera necesario. Coordinaremos con el presidente según los criterios acordados”, indicó el diputado Alejandro Reyes a El Deber.