El ministro de Planificación del Desarrollo afirmó que la demora en la aprobación de créditos millonarios demuestra un boicot parlamentario que ha impactado proyectos estratégicos y la economía de los bolivianos.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, señaló este domingo que la reciente autorización de créditos por más de 860 millones de dólares confirma la existencia de un “boicot legislativo” que, durante casi tres años, limitó la ejecución de proyectos claves para la economía y la industrialización del país.
En declaraciones a Bolivia Tv, Cusicanqui precisó que la tardanza en aprobar estos financiamientos no solo perjudicó la gestión del presidente Luis Arce, sino que tuvo efectos directos en la población. “Durante años denunciamos que el bloqueo legislativo obstaculizaba recursos que hoy se están aprobando. Esto demuestra que la demora no tenía justificación técnica, sino política”, afirmó.
El ministro explicó que la postergación de créditos impactó la disponibilidad de divisas y el suministro de combustibles, complicando la vida de familias y empresas. “Si los créditos se hubieran aprobado oportunamente, muchas dificultades que hoy enfrentamos no existirían, desde el abastecimiento de combustible hasta la capacidad de inversión para la industrialización”, sostuvo.
Desde el 6 de octubre, las cámaras de Diputados y Senadores han mantenido una disputa por el número de leyes y proyectos que podían aprobar antes del cambio de mando. Según Cusicanqui, se sancionaron diez créditos: seis en la Cámara de Diputados y cuatro en la de Senadores, aunque varios proyectos estratégicos quedaron pendientes.
Entre los proyectos postergados, resaltó la construcción de una planta refinadora de zinc en Oruro, cuya gestión lleva casi cuatro años. “Este proyecto no solo generaría empleo, sino que fortalecería la industria local y la economía regional. La falta de aprobación demuestra que el boicot legislativo afectó directamente la industrialización y al pueblo orureño”, lamentó.
Cusicanqui también advirtió sobre el retraso de un crédito japonés de 100 millones de dólares con plazo de 40 años, que sigue sin tratamiento en la Asamblea. “Cada retraso prolonga la incertidumbre internacional y puede comprometer futuras relaciones financieras con Japón”, señaló.
Actualmente, el Legislativo tiene 19 créditos pendientes por más de 1.500 millones de dólares, según el ministro. Subrayó que la manera en que la nueva administración priorice estos recursos será clave, especialmente aquellos relacionados con la industrialización y el manejo de los recursos naturales. “No se debe poner en riesgo la soberanía sobre nuestros recursos ni comprometer la continuidad de proyectos estratégicos”, indicó.