El gobierno venezolano afirma que 18 menores fueron separados forzosamente de sus padres por autoridades migratorias estadounidenses.

Según declaraciones oficiales, los niños fueron retenidos sin consentimiento, a pesar de que sus padres cumplían con citas migratorias o estaban en proceso de regularización. Al momento de la deportación, no se les permitió llevar a sus hijos consigo.

La denuncia califica la situación como “un secuestro institucional” y afirma que constituye una grave violación a los derechos humanos de la niñez. Algunos casos datan de más de seis meses sin contacto familiar efectivo.

En la manifestación se recordó también a los 252 venezolanos detenidos en El Salvador bajo circunstancias irregulares. La jornada cerró con un llamado colectivo a organismos internacionales para actuar con urgencia frente a lo que consideran una “tragedia silenciosa”.