El Tribunal Constitucional frena una resolución judicial que amenazaba con desatar una crisis entre poderes del Estado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha determinado mantener en funciones a la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz, al admitir una solicitud de medidas cautelares que suspende de forma temporal los efectos de un fallo emitido por un juez de Coroico. La decisión busca evitar una ruptura institucional en el sistema judicial boliviano, en un momento de alta sensibilidad política por la cercanía de las Elecciones Generales de…
La medida cautelar fue solicitada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, luego de que la resolución del juez de Coroico instruyera el retiro de la credencial de la magistrada Coaquira. El TCP, a través de su Comisión de Admisión, integrada por los magistrados Elizabeth Cornejo Gallardo, Yván Espada Navía y Edson Dávalos, actuó con urgencia y determinó de manera unánime aceptar la solicitud.
Durante una rueda de prensa, la magistrada Cornejo explicó que la decisión tiene un carácter transitorio y no prejuzga sobre el fondo del asunto. “El objetivo principal es evitar un daño irreversible a la estructura del órgano judicial. La separación e independencia de poderes no es un formalismo, es un principio vital del Estado de Derecho”, afirmó.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, respaldó esa postura señalando que el país no puede tolerar decisiones aisladas que interfieran con la estabilidad institucional. “Este fallo precautorio responde a una necesidad mayor: preservar la democracia, respetar los procesos y evitar que un poder vulnere a otro sin la debida revisión constitucional”, indicó.
En el mismo tono, el magistrado Espada resaltó la importancia del momento actual. “Estamos en la antesala de un proceso electoral crucial. Alterar la composición del TSJ por una acción no revisada podría generar una desestabilización innecesaria. Es responsabilidad del TCP velar por la armonía entre órganos del poder público”, sostuvo.
Por su parte, Dávalos agregó que las decisiones judiciales deben respetar el principio de proporcionalidad y garantizar el derecho a la defensa. “Una autoridad electa o designada no puede ser destituida sin un debido proceso revisado por las instancias competentes. La medida cautelar busca precisamente eso: asegurar un juicio justo y dentro del marco legal”, remarcó.
El TCP también ha instruido al Tribunal Supremo Electoral a mantener vigente la credencial de Fanny Coaquira mientras el caso sea resuelto mediante sentencia constitucional. Esta acción garantiza que la magistrada continúe cumpliendo sus funciones en el TSJ, evitando un vacío institucional que podría afectar la administración de justicia.