La visita de Edman Lara a la FELCC se produjo tras las denuncias surgidas por la intervención contra dirigentes sindicales. La autoridad pidió pleno respeto a los derechos constitucionales y garantías legales.

La aprehensión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) derivó en una acción inmediata de la Vicepresidencia del Estado. La noche del domingo, el vicepresidente Edman Lara Montaño se constituyó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para verificar personalmente la situación de los representantes sindicales retenidos por la Policía y conocer las condiciones en las que se desarrollaban las investigaciones.
Acompañado por asambleístas nacionales, Lara acudió a las instalaciones policiales con el objetivo de comprobar que los procedimientos se estuvieran realizando dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado y las normas vigentes. La autoridad también buscó constatar que los dirigentes contaran con todas las garantías que reconoce la legislación boliviana para cualquier ciudadano sometido a una investigación.
La intervención policial contra los representantes de la COB provocó una serie de cuestionamientos después de que se difundieran versiones sobre la forma en que fueron interceptados. Según la información recogida por la Vicepresidencia, los dirigentes fueron abordados mientras se desplazaban por la vía pública y sin que existieran circunstancias de flagrancia que justificaran una actuación inmediata.
Otro aspecto que generó preocupación fue la participación de efectivos policiales con el rostro cubierto durante los operativos. Para la Vicepresidencia, este tipo de actuaciones abre interrogantes sobre la transparencia de los procedimientos y sobre el cumplimiento de los principios que deben regir toda intervención de una institución pública.
Durante la visita a la FELCC, Lara verificó que los aprehendidos recibieran un trato acorde a las garantías constitucionales y conoció detalles preliminares de las actuaciones realizadas por los investigadores. La autoridad insistió en que ninguna persona puede ser privada de sus derechos al margen de los procedimientos previstos por la ley.
La posición institucional fue expresada posteriormente mediante un pronunciamiento oficial, en el que se manifiesta preocupación por los hechos ocurridos y por las denuncias relacionadas con posibles vulneraciones al debido proceso. El documento sostiene que Bolivia debe preservar plenamente el Estado de Derecho y evitar cualquier práctica que pueda ser interpretada como una afectación a las libertades y garantías ciudadanas.
“El cumplimiento de la ley debe realizarse siempre dentro de la ley”, señala la Vicepresidencia al referirse a las actuaciones policiales observadas durante las últimas horas. Asimismo, el comunicado recuerda que el respeto al derecho a la defensa constituye una obligación que debe cumplirse desde el inicio de cualquier proceso investigativo.