El Ejecutivo venezolano informó ataques en Caracas y tres estados, invocó la Carta de la ONU, activó planes de defensa y anunció denuncias formales ante instancias multilaterales internacionales correspondientes oficiales.
La República Bolivariana de Venezuela comunicó oficialmente que su territorio fue objeto de una agresión militar atribuida al Gobierno de Estados Unidos, con acciones reportadas en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La información fue difundida mediante un pronunciamiento institucional dirigido tanto a la población venezolana como a la comunidad internacional.
Según el comunicado del Ejecutivo, los hechos denunciados constituyen una vulneración directa de los principios que rigen el sistema internacional contemporáneo. En particular, se señaló la presunta transgresión de los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país.
Las autoridades venezolanas indicaron que las acciones atribuidas a Estados Unidos habrían tenido impacto en áreas donde reside población civil, así como en instalaciones consideradas estratégicas. En ese contexto, el Gobierno alertó que este tipo de operaciones armadas representan un riesgo inmediato para la vida de las personas y para la estabilidad institucional del país.
El Ejecutivo sostuvo que la gravedad de los hechos trasciende el ámbito interno venezolano, al considerar que una agresión militar de esta naturaleza afecta la paz regional y compromete la seguridad de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la posición oficial, el uso de la fuerza fuera de los mecanismos multilaterales debilita el sistema de normas internacionales diseñadas para prevenir conflictos entre Estados.
En su declaración, el Gobierno venezolano afirmó que el trasfondo de la agresión estaría vinculado a intereses sobre recursos estratégicos del país, entre ellos el petróleo y los minerales. Las autoridades señalaron que estas acciones buscarían presionar decisiones soberanas y alterar el curso político interno, una situación que, según indicaron, ha sido rechazada de manera categórica por el Estado venezolano.
El pronunciamiento incluyó referencias históricas a episodios en los que Venezuela enfrentó intervenciones y presiones externas. Desde la perspectiva oficial, estos antecedentes forman parte de la memoria institucional del país y sustentan la posición de defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional frente a cualquier forma de injerencia extranjera.
Como respuesta a los hechos denunciados, el Presidente Nicolás Maduro dispuso la activación de planes de defensa nacional, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros órganos de seguridad del Estado. De acuerdo con la información difundida, estas acciones buscan garantizar la protección de la población, resguardar infraestructuras críticas y asegurar el funcionamiento de las instituciones públicas.
El Ejecutivo informó además la aplicación de mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación vinculada a situaciones excepcionales. Entre las medidas adoptadas se encuentra la declaratoria de un estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, figura jurídica contemplada para escenarios de amenaza externa que comprometan la seguridad de la Nación.
Según explicó el Gobierno, esta declaratoria permite coordinar de manera inmediata la actuación de los distintos poderes públicos y organismos del Estado, bajo un marco legal definido. Las autoridades subrayaron que la medida tiene como finalidad proteger los derechos de la población y mantener el orden constitucional ante una situación considerada extraordinaria.
De forma paralela, se ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en los estados y municipios del país. Estas instancias, de acuerdo con el comunicado oficial, tendrán la responsabilidad de articular acciones de seguridad, logística y atención a la ciudadanía, en coordinación con las autoridades regionales y locales.
En el ámbito diplomático, Venezuela anunció que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El objetivo declarado es que los organismos multilaterales evalúen los hechos denunciados y se pronuncien conforme a sus competencias.
El Gobierno venezolano invocó igualmente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado. En ese marco, señaló que el país se reserva la facultad de adoptar las medidas necesarias para proteger a su población, su territorio y su independencia, dentro de los límites del derecho internacional.
El pronunciamiento oficial incluyó un llamado a la unidad nacional y a la participación organizada de los distintos sectores sociales e institucionales. Asimismo, convocó a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo a expresar solidaridad con Venezuela, en defensa del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.
