La condena contra el exvicepresidente Jorge Glas pone en entredicho la independencia judicial en Ecuador y evidencia el uso del sistema penal con fines políticos.
En una nueva muestra del creciente autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa, la justicia ecuatoriana ha sentenciado a 13 años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas y al exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, en un proceso plagado de irregularidades. Ambos fueron acusados de supuesto peculado en el uso de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016, en una decisión que analistas y juristas califican como una maniobra de persecución política.
La jueza Mercedes Caicedo, en una audiencia reservada, concluyó que Glas y Bernal eran responsables por haber promovido obras que, según la Fiscalía, no eran prioritarias para la población afectada. Se los responsabiliza, por ejemplo, de haber aprobado la construcción de parques en lugar de viviendas o escuelas. Sin embargo, lo alarmante es que la sentencia se basa en decisiones administrativas y no en contratos firmados por los acusados.
El fallo no solo contempla la prisión, sino también una multa conjunta de 250 millones de dólares y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. En medio de un contexto político polarizado, la resolución judicial ha sido duramente criticada por organismos internacionales y expertos en derecho, que ven en ella una clara intención de castigar a referentes del correísmo.
La Fiscalía argumenta que parte de los más de 1.600 millones de dólares recaudados tras la tragedia se utilizaron en proyectos «no urgentes». Sin embargo, los acusados defienden que todas las obras respondieron a las necesidades de la población y que el proceso ha sido manipulado con fines políticos por su cercanía al expresidente Rafael Correa.
Glas, quien ya cumple condenas por los casos Odebrecht y Sobornos —ambos altamente politizados— fue detenido tras el asalto ordenado por el presidente Noboa a la Embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo por considerarse víctima de persecución. La operación violó la soberanía diplomática mexicana y generó un rechazo internacional unánime.
Hoy, Jorge Glas permanece encerrado en La Roca, una cárcel de máxima seguridad, donde ya sobrevivió a un intento de asesinato durante un motín. Lo que debía ser un juicio por supuesta corrupción se ha transformado en una muestra de cómo el gobierno de Noboa manipula el poder judicial para neutralizar a sus adversarios. La justicia, en lugar de ser garante de derechos, se convierte en instrumento de revancha política en el Ecuador de hoy.