El expresidente cuestionó que las responsabilidades por el ingreso de equipajes a Viru Viru recaigan solamente en un juez y un exfiscal, mientras varias instituciones nacionales tenían competencias de control.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga puso en duda la explicación que apunta a un juez y un exfiscal como responsables del ingreso irregular de las 32 maletas por el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Consideró poco creíble que dos personas desde Sucre pudieran controlar el funcionamiento de varias instituciones nacionales encargadas de los controles aeroportuarios, aduaneros, migratorios y antidrogas.
«Resulta que un juez y un exfiscal manejaban Viru Viru para pasar maletas», cuestionó Quiroga, antes de recurrir a la ironía para expresar su desconfianza sobre esa versión: «Si alguien cree la versión de maletas, les digo que soy Messi».
Las declaraciones del exmandatario apuntan a la necesidad de establecer si detrás de las irregularidades existieron otras responsabilidades dentro de las instituciones estatales que tenían atribuciones en el aeropuerto cruceño.
CUESTIONA QUE LA RESPONSABILIDAD RECAIGA EN DOS PERSONAS
Quiroga cuestionó que la explicación presentada sobre el caso termine concentrando las responsabilidades en un juez y un exfiscal que, supuestamente, habrían conseguido manejar desde Sucre a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Aduana Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y Migración.
Para el expresidente, esa explicación no responde a una pregunta central: cómo pudieron operar las irregularidades sin que las autoridades responsables de esas reparticiones nacionales detectaran o impidieran el ingreso del equipaje.
Su cuestionamiento coincide con los pedidos de ampliación de las pesquisas. El 2 de septiembre, la Comisión Especial de Investigación Integral de la Cámara de Diputados recomendó al Ministerio Público investigar posibles responsabilidades de autoridades de la Aduana, DGAC, FELCN y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
La recomendación planteó establecer si hubo participación directa o responsabilidades por omisión de funcionarios de esas instituciones.