Mientras Chevron opera legalmente, Venezuela denuncia ataques de Estados Unidos contra otros dos buques, secuestrando tripulaciones y violando normas internacionales de navegación y soberanía marítima.

El buque Canopus Voyager, operado por Chevron, zarpó este domingo desde puertos venezolanos con 500.000 barriles de petróleo rumbo a Texas, Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que la operación se desarrolla bajo el marco de la legislación venezolana y los contratos vigentes, cumpliendo los protocolos internacionales de seguridad y navegación.

Rodríguez detalló que esta acción garantiza la continuidad de la producción y exportación de hidrocarburos, fundamentales para la economía venezolana. Acompañó su declaración con un audiovisual que documenta la carga, el buque y el puerto de destino, reforzando la transparencia del proceso.

Asaltos a buques privados y secuestro de tripulaciones

En paralelo, el Gobierno de Venezuela denunció que otros dos buques privados con crudo venezolano fueron interceptados en aguas internacionales por militares estadounidenses, incluyendo la detención de sus tripulaciones. Caracas calificó estos hechos como piratería y violaciones directas del derecho internacional marítimo.

El Ejecutivo venezolano señaló que los incidentes constituyen infracciones al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y a la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, entre otras normativas internacionales aplicables.

Reacción de ALBA

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió un comunicado condenando los asaltos, señalando que estas acciones violan la soberanía venezolana y los principios fundamentales del derecho internacional, estableciendo un precedente peligroso para la región y el comercio marítimo internacional.

ALBA, conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, respaldó las acciones legales y diplomáticas emprendidas por Venezuela, solicitando el cese inmediato de estos actos y la restitución de las tripulaciones secuestradas.

Diferenciación entre operaciones legales y agresiones externas

El caso evidencia que la operación de Chevron se realiza dentro de la legalidad, mientras que los asaltos denunciados por Caracas implican intervenciones ilegales en aguas internacionales, con afectación directa a la seguridad de los barcos y la integridad de las tripulaciones.

El Gobierno venezolano subrayó que estas diferencias son claras: actividad comercial autorizada y protegida por la ley versus acciones militares extranjeras calificadas de piratería, según reportes oficiales y normas internacionales.