Colectivos de catorce países, plataformas solidarias y dirigentes políticos cuestionan la decisión oficial de Bolivia y advierten que el reconocimiento a la República Saharaui mantiene plena vigencia jurídica.

La determinación del Gobierno boliviano de suspender relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) generó reacciones inmediatas en América Latina y el Caribe. Más de un centenar de organizaciones sociales, comités de amistad y referentes políticos difundieron un documento conjunto en el que expresan su rechazo y demandan la restitución de los vínculos diplomáticos.
El pronunciamiento recuerda que Bolivia reconoció oficialmente a la RASD en 1982, durante la gestión del presidente Hernán Siles Suazo, en el inicio del período democrático. Años después, bajo el mandato de Jaime Paz Zamora, se formalizaron las relaciones bilaterales. “El reconocimiento es un acto soberano del Estado y no puede extinguirse por una decisión administrativa circunstancial”, señala el texto firmado por agrupaciones de catorce países.
Las organizaciones sostienen que la medida contradice principios constitucionales y compromisos asumidos por Bolivia ante la comunidad internacional. “Suspender relaciones con un Estado reconocido vulnera la tradición diplomática boliviana y debilita la defensa del derecho de autodeterminación”, afirma la declaración, que menciona la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV) sobre descolonización como sustento jurídico.
Desde la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) se informó que se impulsarán acciones públicas y gestiones formales. “La causa saharaui no es un asunto marginal. Se trata de un proceso de descolonización inconcluso reconocido por resoluciones internacionales”, expresa el documento difundido por esa instancia regional.
El expresidente Evo Morales también se pronunció. “Esta decisión contradice la Constitución y la historia anticolonial de Bolivia”, declaró. Añadió que el país “no puede apartarse del principio de autodeterminación de los pueblos ni desconocer compromisos asumidos desde 1982”.
El documento colectivo advierte que la suspensión podría interpretarse como un aval político a la ocupación ejercida por el Reino de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental. “Respaldar la imposición por la fuerza desconoce normas esenciales del derecho internacional”, sostiene el texto firmado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Mientras continúan sumándose adhesiones, las plataformas regionales reiteran que la relación entre Bolivia y la República Saharaui fue construida durante décadas y que su interrupción modifica una política exterior sostenida por distintos gobiernos democráticos.