Familiares, estudiantes y trabajadores bolivianos que cruzan a Argentina enfrentan nuevas barreras legales y administrativas.
La reciente reforma migratoria del gobierno argentino, impulsada por decreto presidencial, ha generado alarma en distintas regiones fronterizas de Bolivia, donde el flujo constante de personas hacia el vecino país es parte de la vida cotidiana. La decisión del presidente Javier Milei de restringir el ingreso y limitar los derechos de los migrantes impacta de lleno en comunidades como Tarija, Yacuiba, Bermejo y Villazón, donde familias completas dependen de los servicios que antes podían acceder con mayor facilidad en suelo argentino.
El decreto 366/25, firmado por Milei, modifica la Ley de Migraciones y establece duras condiciones para quienes deseen residir o transitar por Argentina. La norma exige demostración de recursos económicos, impone un seguro médico obligatorio, restringe el acceso a salud pública y educación terciaria, y endurece el proceso de obtención de la ciudadanía.
Preocupación en el sur boliviano
“Estamos muy preocupados, porque esto afectará directamente a miles de personas que cruzan a Argentina por trabajo, estudios o atención médica”, explicó a este medio un representante de la Brigada Parlamentaria de Tarija, quien pidió reserva de identidad ante la falta de pronunciamiento oficial del Gobierno boliviano.
En regiones como Yacuiba o Bermejo, es común que las personas acudan al sistema de salud argentino por la cercanía y los costos más accesibles. “Hay gente que va a hacerse diálisis, controles oncológicos, incluso partos. Muchos no tienen seguro, y ahora todo será más difícil”, dijo una médica del hospital de frontera de Bermejo.
El impacto también se percibe en el ámbito educativo. Con las nuevas restricciones, las personas migrantes que no tengan residencia legal ya no podrán estudiar en universidades argentinas. Solo podrán acceder a los niveles inicial, primario y secundario, dejando fuera a miles de jóvenes bolivianos que cruzaban a diario para estudiar en ciudades como Orán o Salta.
Ciudadanía y residencia, más lejos
El nuevo régimen elimina la posibilidad de obtener la ciudadanía argentina solo por haber vivido dos años en el país. Ahora se requiere residencia legal y continua, o ser considerado “inversor”. Esta condición deja fuera a quienes trabajan informalmente o no pueden cumplir con los nuevos requisitos económicos.
Además, la residencia precaria —que antes duraba 180 días y era suficiente para iniciar trámites de arraigo— ahora se reduce a 90 días y no servirá para obtener ciudadanía. Para muchos migrantes bolivianos, esto significa quedar en un limbo legal que puede derivar en expulsiones.
Controles más duros en la frontera
A las medidas administrativas se suma un endurecimiento del control territorial. El gobierno argentino desplegó militares en el norte del país bajo el “Plan Güemes”, una iniciativa que, según organizaciones de derechos humanos, configura una militarización encubierta de la frontera.
En respuesta, entidades sociales y jurídicas de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo ante el juez federal de Orán, para frenar la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. El abogado Martín Plaza, impulsor de la acción legal, advirtió que la normativa permitiría detenciones arbitrarias de civiles sin orden judicial, afectando especialmente a trabajadores migrantes y comunidades vulnerables.
En Bolivia, crece el temor de que estas acciones deriven en prácticas discriminatorias o abusos de autoridad contra ciudadanos bolivianos que cruzan frecuentemente por pasos fronterizos.
Sin respuesta oficial del Gobierno boliviano
A pesar de la inquietud creciente, el Ejecutivo boliviano no ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre el decreto. Se intentó contactar a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración sin obtener respuesta. Tampoco hubo declaraciones de parlamentarios oficialistas, aunque se confirmó que varios se encontraban en La Paz, ocupados en la inscripción de candidaturas.
Desde la oposición, la diputada Esther Sánchez (Comunidad Ciudadana) expresó su preocupación por la falta de acción diplomática. “Estas medidas afectan directamente a bolivianos. El Gobierno debe exigir condiciones de reciprocidad y garantizar que nuestros compatriotas no queden desprotegidos”, manifestó.
Un cambio de paradigma en la política migratoria
El decreto argentino no solo impone nuevas exigencias: también limita las vías legales para cuestionarlas. Elimina recursos administrativos y deja como única alternativa una apelación judicial con plazo breve. Migraciones tendrá más poder que nunca: podrá intervenir en domicilios laborales o particulares, requerir documentos e incluso secuestrarlos temporalmente.
Todo este panorama compone un giro radical en la política migratoria argentina, donde la sospecha, la selectividad económica y el control territorial sustituyen a los enfoques integradores del pasado reciente.
Desde Bolivia, analistas como Francisco Solares interpretan la medida como un intento por reducir el gasto estatal en servicios públicos, limitando el acceso solo a quienes puedan contribuir económicamente. “Argentina está cerrando filas. El mensaje es claro: si no aportas al fisco, no accedes a nada”, concluyó.