El magisterio beniano rechaza que las gobernaciones administren los institutos técnicos y advierte que la medida puede afectar la gratuidad educativa, los derechos laborales y las oportunidades de formación profesional de los jóvenes.
La Federación de Maestros Urbanos del Beni anunció que incrementará sus medidas de presión contra la propuesta gubernamental de transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos a las gobernaciones. Su ejecutiva, Luz Elena Ardaya, sostuvo que la suspensión temporal del anteproyecto no representa una solución al conflicto, porque el Gobierno mantiene su intención de avanzar con la descentralización.
La dirigente advirtió que el sector no aceptará modificaciones administrativas que, a su juicio, puedan comprometer el funcionamiento de los centros de formación profesional y abrir el camino a una reducción de la responsabilidad estatal sobre la educación fiscal.
LOS INSTITUTOS, EL PRIMER PASO DEL CONFLICTO
Ardaya cuestionó la capacidad económica y administrativa de las gobernaciones para asumir la responsabilidad de estos establecimientos, especialmente por las dificultades que, según afirmó, tienen para cubrir sus propias obligaciones financieras.
“A pesar de anunciar que se frenará el proyecto, el Gobierno nacional aún tiene intención de descentralizar los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos a las gobernaciones, lo que pone en riesgo la educación fiscal y los derechos laborales logrados por años por el magisterio”, manifestó.
La ejecutiva considera que el traslado de competencias podría terminar en procesos de privatización y afectar la continuidad de los institutos. También expresó preocupación por la contratación de personal, al advertir que las administraciones departamentales podrían utilizar los cargos para favorecer a personas vinculadas políticamente con sus autoridades.
EL GOBIERNO NO CAMBIA DE POSICIÓN
La preocupación del magisterio tiene como antecedente el anteproyecto impulsado por el Ejecutivo para transferir competencias administrativas sobre los institutos. El 11 de noviembre, después de un acuerdo con los maestros rurales y la mediación de la Defensoría del Pueblo, el documento quedó suspendido para dar paso a evaluaciones regionales y elaborar un nuevo modelo de gestión.
Sin embargo, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, sostuvo que el proceso de transferencia continuará mediante mesas departamentales. El 21 de noviembre, el Gobierno ratificó que mantendrá su plan de descentralización, aunque buscará acuerdos con los sectores involucrados.
Ardaya señaló que la única salida aceptable para los docentes es el retiro definitivo de la iniciativa, no una pausa temporal.
ANUNCIAN MÁS MOVILIZACIONES
La dirigente anunció que las protestas incluirán marchas, huelgas y paros, además de posibles interrupciones prolongadas de las actividades escolares. Sostuvo que la medida también compromete las posibilidades de formación técnica de los jóvenes benianos, especialmente de quienes dependen de institutos públicos para acceder a una profesión.
La Federación exige que las autoridades descarten la transferencia administrativa y garanticen la continuidad de la educación fiscal y gratuita, así como los derechos laborales del personal docente.






