QUIROGA EXPONE PRESIONES DE TRES DIPUTADOS PARA CONTROLAR CARGOS Y CONTRATOS
20 de noviembre de 2026

La exdirectora de AISEM relató que Bilbao, Medinaceli y García le exigían incorporar personal, recibía listas de postulantes y enfrentaba pedidos para favorecer determinadas licitaciones.

Daniela Quiroga, exdirectora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (AISEM), reveló que durante su gestión enfrentó presiones de los diputados Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar Alejandro García para incorporar personas a la institución e intervenir en sus procesos de contratación. Su denuncia describe llamadas, listas de postulantes y exigencias que, según afirmó, buscaban poner decisiones administrativas bajo control de intereses políticos.
La exfuncionaria aseguró que los parlamentarios le hacían llegar nóminas de hasta 100 personas para que fueran contratadas en diferentes puestos. No se trataba solamente de recomendaciones, según su relato, sino de solicitudes acompañadas de reclamos y exigencias para que los nombres propuestos fueran incorporados a la estructura de la entidad.
Las presiones también habrían llegado a las licitaciones. Quiroga contó que dos de los diputados le planteaban que determinados procesos debían favorecer intereses particulares y recordó una reunión en la que le hicieron saber que las contrataciones correspondían a una de las legisladoras.
«Entre líneas pedían que se teledirija alguna licitación, dos de ellos me solicitaban, inclusive en una reunión me dijeron que todas las licitaciones eran de ella (de la diputada Bilbao)», declaró.
La afirmación compromete otro ámbito de la administración de AISEM. La institución no solamente maneja la contratación de funcionarios, sino también procesos para adquirir equipamiento y ejecutar proyectos de infraestructura destinados al sistema público de salud.
EXIGENCIAS PARA ACELERAR LICITACIONES
Quiroga también señaló directamente a Alejandro Medinaceli por los reclamos para que las convocatorias se realizaran con rapidez. Según recordó, el diputado insistía en que los procedimientos debían avanzar inmediatamente.
«Hay que convocar a estas licitaciones, las tienes que convocar ya y tiene que salir ya», relató sobre las instrucciones que recibía.
Las declaraciones se conocieron después de la difusión de dos grabaciones: una conversación atribuida a Claudia Bilbao y otra en la que aparece Medinaceli. En ambos casos, los intercambios con Quiroga dejaron al descubierto los reclamos de los legisladores por asuntos relacionados con la institución.
La exdirectora incluyó también a Óscar Alejandro García entre los parlamentarios que ejercían presión. Su identificación amplió el alcance de las denuncias, que inicialmente estuvieron concentradas en los dos audios difundidos públicamente.
Otro elemento que deberá ser esclarecido es el ingreso de personas recomendadas por los legisladores. De acuerdo con la denuncia difundida sobre el caso, algunos postulantes que no reunían los requisitos habrían conseguido incorporarse a AISEM un día después de la salida de Quiroga. La revisión de las fechas de contratación, los expedientes y los requisitos exigidos permitirá establecer si existieron excepciones o intervenciones políticas.
LEGISLADORES PIDEN ESCLARECER LAS DENUNCIAS
El caso provocó pedidos de investigación desde la Asamblea Legislativa. La diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, solicitó auditorías y consideró que los procesos observados deberían paralizarse mientras se revisan las posibles irregularidades.
El diputado Rolando Kobayashi, de Libre, también pidió explicaciones sobre la presunta existencia de una oficina de Medinaceli en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo. Sostuvo que, por su condición de suplente, no le correspondería tener un despacho en instalaciones del Ejecutivo.
Por su parte, el activista Roger Suntura presentó una denuncia penal contra Bilbao, mientras que el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, reclamó que los parlamentarios señalados sean sometidos a procedimientos ante la Comisión de Ética.
Las acusaciones de Quiroga ponen bajo investigación la forma en que se tomaban decisiones sobre personal y contrataciones durante su administración. La Fiscalía tendrá que establecer si las solicitudes denunciadas constituyeron presiones políticas, tráfico de influencias o intervención irregular en procesos públicos.

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